En un fuerte comunicado de prensa del pasado 19 de julio, la organización docente bonaerense SUTEBA, denunció el llamado a una licitación pública por parte del gobierno de la Sra. María Eugenia Vidal, para crear un ““Observatorio Analítico” que registre las opiniones qué expresan “los actores de la comunidad educativa” en las redes sociales.
El gasto está presupuestado en un millón y medio de pesos, para espiar las opiniones y comentarios que la comunidad educativa vuelca en las distintas redes sociales que habitualmente se utilizan.
Los conflictos en la educación pasan por la falta de infraestructura o el deficiente mantenimiento edilicio, falta de cupos alimenticios en los comedores, problemas con los nombramientos del personal auxiliar y docente, reclamos porque no se cobran los salarios y atraso salarial por la alta inflación y el tarifazo.
Si el gobierno quisiera saber sobre este diagnóstico, solo tendría que prestar atención a los innumerables registros que se llevan en las distintas reuniones e instancias institucionales de la administración pública. Para esto están los Consejos Escolares, las Jefaturas de Inspección con su plantel de inspectores que recorren las escuelas, las Secretarias de Asuntos Docentes, las instancias de participación con los distintos sindicatos que representan a los trabajadores, jornadas de perfeccionamiento docentes, reuniones que se generan permanentemente y cientos de planillas con datos institucionales que se completan a diario.
Sin embargo con toda esta información disponible, el gobierno de Vidal se plantea saber que se opina en las redes sociales, ¿Por qué? Sencillo, porque las escuelas son la única representación del estado en cada uno de los distintos barrios diseminados en el amplio y complejo territorio de la provincia da Buenos Aires, y por lo tanto son un receptor muy sensible al humor y a la problemática social.
Si, antes que los reclamos lleguen a los municipios, y se institucionalicen, las escuelas recepcionan de primera mano la información, porque en ellas se reproducen en menor escala. Situaciones de inseguridad, falta de empleo, desnutrición, problemas sanitarios, de falta de infraestructura, de violencia social, de contaminación, de despidos, todos ellos se reflejan en las escuelas, y la opinión de los docentes y directivos son necesarias registrarlas para adelantarse y actuar rápidamente.
Es una política de respuesta para no quedar mal parado, no de analizar y resolver los problemas de fondo, sino de actuar en la emergencia deslindando responsabilidades, para ello siempre es fácil recurrir a la “pesada herencia”.
En este mismo sentido, se puede interpretar el conflicto con la policía bonaerense y las policías locales en los municipios que no gobierna Cambiemos. La estructura policial, desplegada en el territorio con mas de 130.000 efectivos, son también una fuente de información necesaria, pero también, es una organización que puede generar situaciones de riesgo. Dejando actuar, coordinando con la llamada “mano de obra desocupada” o involucrándose directamente, en una estrategia de provocar daños colaterales a los gobiernos municipales que no son del agrado de la alianza Cambiemos.
El espionaje interno, está prohibido por la propia constitución y las leyes en materia de seguridad, este concepto se abandonó con la democracia, que dejó de pensar a sus ciudadanos como enemigo y como hipótesis de conflicto.
Es por eso que la gobernadora, no puede recurrir a una fuente de información de un organismo del estado y se ve forzada a la contratación privada a través de un llamado a licitación, lo que lo hace doblemente peligroso, por la función que desempeñara este “Observatorio Analítico” y por la falta de control y de violación de las garantías constitucionales que podrían padecer los espiados.
Por Héctor Duso
