La AFIP denunció espionaje a argentinos y argentinas durante los tiempos del macrismo
A partir de una presentación penal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó una denuncia contra un empleado del organismo por “accesos indebidos a los sistemas internos” durante el período de 2017 y 2019.
El denunciado es Vicente Luis Magnaterra, quien realizaba tareas jerárquicas en la institución. La acusación contra Magnaterra es por haber efectuado “56.864 consultas en los sistemas internos del organismo, de las cuales 35.439 (62,32%) no tenían justificativo alguno”.
El acceso del empleado a la base de datos donde constan todos los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de los argentinos y argentinas fue repudiado por las autoridades del organismo, desde donde se está en contra de “cualquier maniobra de espionaje y persecución”.
En ese sentido, en la presentación penal realizada por la AFIP se hizo hincapié en que los funcionarios de la entidad no tienen permitido indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada. Además, se considera que las acciones investigadas también “agravian directamente a la administración pública” debido a que habrían sido efectuadas “en el ámbito del organismo con la utilización de sus sistemas informáticos y bienes”.
Las consultas indebidas
Según la presentación de la AFIP, Magnaterra realizó 60.000 consultas a la base de datos durante el periodo comprendido desde el “01/01/2017 al 24/10/2019, cuando el denunciado, que sigue siendo empleado del organismo, se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP”, precisó la entidad a través de un comunicado.
De este modo, a partir de las consultas indebidas, la AFIP consideró realizar la presentación de forma “necesaria y urgente” con el objetivo de preservar la integridad de los datos de las personas humanas cuya intimidad pudo haber sido vulnerada, sumado al hecho de tratarse, en su gran mayoría, de contribuyentes que desempeñan actividades con alta exposición pública o cuyas decisiones incumben a terceros.
Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos manifestaron su intención de ponerse a disposición de la justicia. Mientras tanto, el fiscal Ramiro González firmó un escrito en el que impulsó la investigación.
