En una conferencia de prensa realizada en la Unidad Sanitaria N° 9 de la Isla Maciel, la médica pediatra del hospital Garrahan, Gabriela Bauer, afirmó: “Le exigimos al Ministerio de Salud que distribuya las cunas porque forman parte de la identidad de los niños y representan el lugar seguro”.
“En distintas partes del país se están organizando para frenar esta medida y para que el ministro (Jorge Lemus) defienda el derecho de los niños”, manifestó quien estuvo acompañada por el padre Francisco Olivera, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.
A su turno, Olivera manifestó: “Nos dijeron que podíamos vivir mejor. Y les están quitando la posibilidad a los chicos de tener un lugar mejor”, al tiempo que afirmó que el juez tiene que elegir “si ser María y José o Herodes”, en una analogía bíblica.
Por su parte, la ex jefa de Unidad de Neonatologíade la Maternidad Sardá Alicia Benítez relató que durante los meses que funcionó el programa se habilitó una línea 0800 para llamadas sobre el tema: “Se recibieron alrededor de 20 mil llamados. No se registraron situaciones de riesgo”, remarcó.
“Nacen más de trescientos mil niños en el sector público. Los que no tienen posibilidad de acceder al moisés deben correr con el problema de que sus hijos terminen durmiendo con otras personas y el colecho es justamente uno de los factores que puede desencadenar la muerte súbita del lactante”, explicó según un comunicado
En tanto, la neonatóloga Adriana Gorenstein expresó su desacuerdo “con la destrucción de un material valioso” y señaló que “el programa Qunita previene el síndrome de muerte súbita del lactante y provee un lugar seguro”.
En relación a los informes del INTI y de la Asociación de Pediatría en los que basó la orden el Juez Bonadío explicó: “He leído las declaraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. No ha hecho ninguna negativa. Son recomendaciones de cuidado general”.
En el interior del País, las salas de pediatría de los hospitales públicos están enviándole al Ministerio de salud de la Nación que interceda ante el Juez Bonadío para que no se destruyan las 60.000 qunitas que e juez federal pretende quemar.
Sobre la situación en el Parlamento, la diputada Carolina Gailliard informó que ya se ha presentado un proyecto de Declaración para expresar la preocupación de los legisladores ante la decisión de la Justicia de destruir los elementos, y adelantó que la próxima semana citará a la Comisión de Salud de la Cámara baja para tratar el tema.
Gailliard consideró que “hacer justicia es entregar las cunas y no destruirlas. El juez ha manejado tendenciosamente la información del INTI”.
Por otra parte, el fiscal federal Eduardo Taiano también pidió que se “acondicionen” las cunas y las bolsas de dormir del Plan Qunita.
Taiano propuso que se aseguren las condiciones de salubridad sobre las que advirtió un informe técnico evaluado por Bonadio para ordenar la destrucción por considerarlas inseguras y que un “organismo pertinente” con intervención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) adecue ambos elementos.
El fiscal consideró que las cunas y las bolsas de dormir, en condiciones adecuadas, significan “un gran provecho y bien público”.
