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El presidente del INTI acusado por malversación de fondos y sobreprecios en obras públicas

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) volvieron a denunciar a su director, Javier Ibañez, por sobreprecios y malversación de fondos en obras públicas con dinero del Instituto.
Recordemos que Ibañez ya despidió a 258 trabajadores del INTI con el argumento de optimizar los recursos del Estado, sin embargo cada vez se encuentra más comprometido con casos de corrupción dentro del organismo.

INTI difundió a través de su página de facebook un fragmento del programa ADN (C5N) en el que aseguran que Ibañez, junto a otros empresarios, se adjudicaron obras públicas por contratación directa, es decir, sin licitación y con sobreprecios siderales.
Por ejemplo, el 9 de Septiembre del 2016 la Dirección del INTI entregó a la empresa KOPAR la obra de la construcción del galpón del Instituto de Tecnología y Ciencia del Ingeniería. El Departamento Técnico de la División de Obras estimó el presupuesto total en 12.350.000 pesos, pero el Gerente General de INTI, Carlos Della Vedova, le adjudicó la obra a la empresa por un importe de 14.050.000, o sea, un sobreprecio de 1.700.000. En Julio del año pasado la obra seguía sin terminarse, a pesar que la contratación había sido por adjudicación directa porque la Dirección del INTI argumentó que era “urgente”. A pesar del sobreprecio y no haber terminado la obra, la empresa solicitó una ampliación que presupuestó en 1.559.890 pesos.
El Departamento Técnico de la División Obras del INTI analizó esa ampliación y le respondió  a KOPAR que esa obra debía costar 812.747 pesos, pero la empresa insistió y cobró casi el doble de lo que correspondía, 1.400.000, e incluyó cosas que ya se habían presupuestado y precios de materiales por arriba de los valores del mercado.
Los trabajadores del INTI ya denunciaron varias veces los negociados de Ibañez, pero nunca obtuvieron respuestas concretas en la justicia.
Al presidente del Instituto, que  trabajó en el gabinete Nacional y fue asesor de la vicepresidenta Gabriela Michetti, también se lo acusa de evasión impositiva y de recibir coimas para habilitar el boliche Beara, donde murieron dos  jóvenes en el 2010 a causa de un derrumbe. En ese entonces él dirigía la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
 Por DanielaYacub.

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