Visita libertaria a genocidas: La Justicia cerró la investigación del encuentro de diputados con los represores
Melina Alderete
La decisión fue tomada por el fiscal Sergio Mola, quien insiste en que el Servicio Penitenciario Federal no favoreció el encuentro entre los diputados y los represores.

A pedido del fiscal Sergio Mola, finalmente el juez federal Luis Armella decidió cerrar la causa que investigaba el rol que jugó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la visita de los diputados de La Libertad Avanza al genocida Alfredo Astiz y otros represores detenidos en el penal de Ezeiza.
Según Mola, la investigación no encontró ilícito alguno y sostiene que no hay elementos que avalen que el Servicio Penitenciario favoreció la reunión llevada a cabo el año pasado.
El 11 de julio del 2024, un grupo de legisladores del oficialismo integrado por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci fueron al penal de Ezeiza a visitar a los detenidos por delitos de lesa humanidad: Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González, entre otros.
Luego de que el encuentro se hiciera público, Arrieta denunció que fue engañada para participar de la visita, y brindó a la Justicia una serie de chats de WhatsApp que daban cuenta, entre otras cosas, de que se estaba trabajando para elaborar propuestas para que los represores accedieran a la prisión domiciliaria y se pusieran límites a las investigaciones que todavía están en trámite.
En agosto del 2024, Mola desestimó la denuncia de Arrieta y posteriormente concluyó que los diputados no estaban haciendo una visita a los genocidas, sino una recorrida para verificar las condiciones de detención de los represores.
Sin embargo, a pesar de la decisión de la Justicia de archivar la causa, la teoría de Mola no resulta cien por ciento concluyente, en especial cuando se tiene en cuenta que no hubo informe alguno de los diputados sobre las condiciones en las que encontraron a los represores en el penal de Ezeiza.
Además, en los chats de WhatsApp aportados por la diputada Arrieta se evidencia que la verdadera intención de la visita a los genocidas era revisar las causas por las cuales estaban detenidos los represores y, posteriormente, idear proyectos para que les otorguen la prisión domiciliaria, según consta en el testimonio de Rocío Bonacci.
