Insólito: por desidia de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, desalojan los juzgados federales de Morón
Mediante un mail y sin previo aviso, las 150 personas que trabajan en la Justicia Federal de Morón (3 Juzgados) se enteraron hace unas semanas que el próximo 4 de diciembre deben abandonar el edificio donde cumplen funciones hace más de diez años. ¿La razón? el Consejo de la Magistratura presidido por el juez de la corte Horacio Rosatti, de modo unilateral, decidió dejar de pagar el alquiler del inmueble de la calle C. Larralde 673 de Morón.
Ante la falta de pago del alquiler, cuyo contrato se viene extendiendo desde 2003, el propietario, Jorge Azariu, inició un juicio de desalojo y la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó un plazo para instar el desalojo.
Desde 2003, se fue alquilando en sucesivos contratos al Consejo de la Magistratura pero en 2013 el convenio se rompió ya que el propietario no aceptó el precio que ofrecían desde el Poder Judicial y desde entonces el dueño acusa la falta de pago que estima en unos 40 mil dólares mensuales.
Una medida absurda como alternativa
En este momento la alternativa única que se baraja, es mudar a los tres Juzgados a un sector con la mitad de superficie (1400 metros cuadrados) a 10 cuadras dentro de un polo industrial (La Cantábrica) lo que implica que si una persona quiere realizar una denuncia deba tomarse no menos de dos colectivos y un tren. A su vez, por ser una zona industrial es una zona plagada de camiones que realizan maniobras que ponen en riesgo a los transeúntes, exige el registro de todos los ingresantes (¿Cómo se protege la identidad de un denunciante en estos casos?), no cuenta con acceso para personas con discapacidad y no cuenta con espacio para el alojo de personas privadas de la libertad.
Tres Juzgados con causas sensibles de narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, corrupción, entre otras, que se ven obligados a salir del contacto con la gente por razones ajenas a su actividad.
¿Cómo se llega a tamaña situación y que consecuencias hubo para los responsables? Nada. El actual Administrador del Consejo de la Magistratura, Claudio Cholakian, es el mismo que tomó la decisión de dejar de pagar y hoy empuja a 150 personas a un sector en el que nada tiene que hacer un Juzgado.
No existe lugar para oficinas sino espacios abiertos de co-working, sin espacio para resguardo de documentación y/o efectos sensibles (droga, por ejemplo), ni para que los abogados puedan entrevistar a sus asistidos.
Un desalojo cuya decisión de la Cámara Contenciosa lleva más de 4 años, pero el Consejo ni la Corte Suprema dieron señas de querer solucionarlo hasta ahora, a menos de dos meses, sin intervención de las personas perjudicadas.
