A horas de aprobarse las facultades delegadas a Milei, el gobierno por DNU comenzó la privatización de todos los trenes
Tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución
A solo horas de haberse aprobado las facultades delegadas y aun sin que la Cámara de Diputados ratifique o no los cambios que introdujo el Senado anoche, El Gobierno de Javier Milei declaró la emergencia pública ferroviaria. La medida, se oficializó a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) publicado en la última edición del Boletín Oficial.
La medida fue dispuesta por un plazo de dos años, prorrogable por única vez por el mismo período. Afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como también a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
De esta manera, el gobierno estableció un plazo de quince días para que las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria presenten propuestas que consideren “indispensables y urgentes” para mejorar la seguridad operativa del servicio de transporte de cargas y pasajeros. Entre estas propuestas, se incluye la privatización de todos los servicios.
Para ello, las compañías tendrán que presentarle a la autoridad de aplicación "un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales con ámbito de actuación en el sector y demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".
Tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto".
"Para poder privatizar los trenes, primero tienen que desguazar y achicar la empresa. Es muy probable que presenten un plan masivo de despidos y retiros voluntarios para luego avanzar con la privatización" aseguran en el gremio
