"No al ajuste en discapacidad": Prestadores de servicios bonaerenses se suman al paro
Los trabajadores y las trabajadoras del área de discapacidad de la provincia de Buenos Aires se adherirán al paro nacional de este jueves con un cese de actividades en el sector.
Este jueves 29 de mayo se llevará a cabo un paro nacional de prestadores de servicios de discapacidad, transportistas y centros de día, en reclamo de la actualización de los montos de sus prestaciones, el pago a tiempo y la aprobación de la ley de emergencia del sector, una normativa que se tratará el mismo día en la Cámara de Diputados de la Nación.
Ante esta situación, los trabajadores y las trabajadoras del área de discapacidad de la provincia de Buenos Aires se adherirán a la medida de fuerza que, en otras provincias, comenzó el lunes y se extiende a lo largo de toda la semana en otros territorios, bajo la consigna “no al ajuste en discapacidad”.
El panorama para el sector de discapacidad en Argentina es cada vez más crítico: Desde el 2023, el aumento del nomenclador en relación a la inflación tiene un atraso del 161%, una situación que se suma a los aumentos en los gastos de monotributo, seguros y matrículas profesionales.
Además, se agrega el agravante de las demoras en los pagos de las obras sociales (con casos que superan los 6 meses), el recorte en la cantidad de prestaciones, las demoras en las autorizaciones y los trámites burocráticos que, muchas veces, recae en las familias de las personas con discapacidad o en los propios trabajadores.
Una ley necesaria
El proyecto de ley que se tratará este jueves 29 de mayo a las 11 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación implica reconocer una situación de emergencia en el sector, estableciendo la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios y los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres protegidos y que, actualmente, cobran 28 mil pesos mensuales, un monto que no se ha cambiado desde febrero del 2023.
Por otra parte, la iniciativa solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones dado que, en los últimos 14 meses, se otorgaron solo 586 de las 500 mil solicitudes.
