El debate sobre la presencia de celulares en las aulas ha ingresado en una fase final. La reciente sanción por parte de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires de una ley que restringe el uso de teléfonos y pantallas en escuelas secundarias de gestión estatal y privada abrió múltiples frentes. Apenas aprobada la norma, las voces de los docentes y de los colegios privados marcaron los límites de su aplicación práctica, exigiendo claridad, respaldo jurídico y autonomía institucional.
La legislación, compuesta por apenas seis artículos, dictamina que los dispositivos móviles deberán permanecer inactivos durante toda la jornada escolar. La única excepción contemplada es la autorización explícita del docente con fines estrictamente pedagógicos.
Sin embargo, la efectividad del texto legal se encuentra en pausa. Falta la promulgación por parte del gobernador Axel Kicillof, su publicación en el Boletín Oficial y la redacción de la reglamentación específica que traducirá la teoría legislativa en práctica escolar.
Los casos de Ituzaingó y Lomas
La ley aprobada fue presentada por el diputado Martín Rozas, del bloque Unión y Libertad, y amplía al nivel secundario lo fijado para las primarias en la Ley 15.534. Esa norma anterior, votada en septiembre de 2025, estableció igual restricción, aunque tambien espera reglamentación del Ejecutivo.
Aunque el proyecto legislativo preexistía, la discusión cobró fuerza luego de los hechos registrados en la Zona Oeste y el sur del Conurbano. En Ituzaingó, denunciaron que alumnos del Colegio Thomas Alva Edison manipularon fotos de compañeras mediante inteligencia artificial para generar falsos desnudos, caso derivado a la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil. De igual modo se actuó ante un hecho semejante en Lomas de Zamora.
Durante el debate se alertó además sobre grooming, apuestas online, violencia digital y la baja edad de acceso a pantallas: según se indicó en la legislatura, casi seis de cada diez chicos en Argentina tienen celular propio a los ocho años.
La mirada desde la trinchera docente
En las aulas, la perspectiva de los trabajadores de la educación es matizada y expone las grietas de una prohibición lineal. Los educadores, en contacto diario con alumnos, sostienen que erradicar el dispositivo físico no soluciona las problemáticas subyacentes, como los consumos problemáticos o el ciberbullying.
"La prohibición por decreto no resuelve la dinámica del aula; necesitamos herramientas pedagógicas, no solo punitivas, para gestionar conflictos que nacen en las pantallas pero estallan en el colegio", señala el sentir generalizado de los gremios docentes frente a la medida.Los principales interrogantes del sector se centran en:
Conectividad familiar: El celular es hoy la principal herramienta de comunicación de seguridad y logística entre los adolescentes y sus padres.
Excepciones pedagógicas: La falta de un criterio uniforme sobre cuándo y cómo un docente puede habilitar el dispositivo para una clase interactiva.
Desamparo institucional: El temor de los educadores a enfrentar conflictos directos con alumnos y familias al momento de confiscar o prohibir un equipo sin un protocolo de actuación claro.
Privados exigen autonomía y resguardo legal
La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Aiepa) formalizó un reclamo contundente: la normativa debe contemplar la idiosincrasia y los proyectos educativos particulares de cada institución. En el núcleo de su demanda está la autonomía operativa y el respaldo jurídico.
Las instituciones privadas argumentan que ya poseen reglamentos internos funcionalmente activos. Algunos colegios implementan sistemas de guardado físico en la entrada, mientras que otros han integrado el dispositivo como una herramienta transversal en sus currículas.
"Una medida homogénea para realidades heterogéneas destruye ecosistemas de convivencia que nos costó años consensuar con nuestra comunidad de padres", advierten desde el sector de gestión privada. Además, plantean una advertencia legal ineludible: frente a la pérdida, daño o conflicto por la retención de un dispositivo de alto valor económico, la ley actual no especifica quién asume la responsabilidad patrimonial y civil.
¿Se viene la reglamentación?
La pelota se encuentra ahora en el terreno del Ejecutivo provincial. Si el Gobierno avanza con una reglamentación ágil, participativa y que brinde un paraguas legal robusto a los directivos, la ley podría ordenar el ecosistema escolar. Si, por el contrario, el expediente sufre el mismo letargo burocrático que la ley de educación primaria, la restricción de celulares en la Provincia de Buenos Aires pasará a la historia como un mero gesto político, dejando a los docentes solos frente al conflicto tecnológico de cada mañana.
