Una profunda preocupación sanitaria y gremial sacude las instalaciones del Hogar de Ancianos Martín Rodríguez-Viamonte, (un predio asistencial dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), tras la detección en julio de este año, de un presunto brote de tuberculosis (TBC) que habría afectado a entre seis y siete residentes internados, derivando en la muerte de al menos un paciente y exponiendo fallas severas en los mecanismos de aislamiento preventivo y notificación obligatoria.
La situación cobró visibilidad pública a partir de denuncias reservadas presentadas por uno de los gremios del complejo asistencial, quienes advierten que las autoridades del Departamento Médico y de las respectivas subgerencias operativas demoraron la comunicación de los diagnósticos al equipo asistencial. Según los testimonios recogidos bajo estricta reserva de identidad para resguardar la integridad laboral de los informantes, las medidas de bioseguridad se implementaron únicamente de manera reactiva, tras detectarse sospechas generalizadas entre el propio personal operativo. La Ciudad se comunicó con el Director del Hogar, Victor Gez, pero no tuvo respuesta ante las consultas realizadas.
Retraso en protocolos y presunto ocultamiento de datos
Los relatos recopilados en el lugar indican que la dirección médica del hogar no habría notificado a tiempo los primeros casos confirmados, vulnerando las disposiciones sanitarias elementales que rigen ante patologías infectocontagiosas de transmisión aérea.
La denuncia central radica en la falta de aplicación inmediata de las barreras de protección personal (EPP), lo cual incrementó de forma exponencial el peligro de exposición microbiológica directa. De acuerdo con los testimonios, los pacientes que presentaban sintomatología compatible con la enfermedad no fueron aislados con la rapidez que exige la normativa médica vigente, permaneciendo en contacto estrecho con el resto de los residentes de edad avanzada, una población que presenta un grado severo de inmunosenescencia y comorbilidades previas.
Asimismo, los trabajadores apuntan a una presunta omisión en los registros oficiales. En la República Argentina, la tuberculosis constituye un evento de notificación obligatoria (ENO) regulado por la Ley Nacional N° 15.465 y canalizado a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Toda autoridad sanitaria, pública o privada, debe cargar cada caso confirmado o sospechoso dentro de las 24 a 48 horas de su detección clínica o bacteriológica. Hasta el momento, el gremio asegura que el personal no cuenta con constancia alguna de que la gerencia haya remitido las fichas epidemiológicas requeridas tanto al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires como a la cartera sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, en cuya jurisdicción territorial funciona el predio.
Dimensión del brote: seis a siete casos y un paciente fallecido
Las estimaciones internas elaboradas a partir del relevamiento de enfermería contabilizan entre seis y siete pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de tuberculosis pulmonar dentro de la institución. De ese universo, se confirmó el fallecimiento de Abelardo Gonzáles el 13 de julio. Gonzales estaba alojado en el sector de aislamiento.
La controversia en torno a este deceso es mayúscula: las actas y comunicaciones médicas informaron que la causa terminal de defunción correspondió a un cuadro de neumonía aguda. No obstante, las sospechas de los trabajadores persisten ante la imposibilidad de cotejar los registros médicos oficiales.
La restricción al acceso de los antecedentes clínicos alimentó el malestar entre el cuerpo médico de base y los auxiliares de enfermería, quienes reclaman claridad respecto a si la neumonía fatal operó como una complicación secundaria derivada de una infección tuberculosa activa no tratada a tiempo.
Fallas de bioseguridad en la sala de rayos y riesgo de contagio cruzado
El hogar cuenta con un pabellón específico destinado a la atención de cuadros agudos, hacia donde fueron derivados los casos más comprometidos. Sin embargo, los procedimientos logísticos adoptados para el control diagnóstico del resto de los internos han sido objeto de severos cuestionamientos técnicos por parte de especialistas en control de infecciones.
Para evaluar la extensión del foco, las autoridades comenzaron a realizar estudios de radiología de tórax a los residentes internados. En lugar de ejecutar un circuito escalonado y con precauciones de gota y aerosoles, las jornadas de diagnóstico por imágenes habrían expuesto a internos sanos a una potencial carga bacilar.
La Mycobacterium tuberculosis se transmite mediante microgotas aerotransportadas que permanecen suspendidas en el aire en recintos cerrados carentes de ventilación adecuada con recambio de aire por hora o filtros HEPA. La aglomeración prolongada en pasillos y salas de espera sin distanciamiento ni protección respiratoria N95 adecuada vulnera directamente los estándares de control ambiental hospitalario recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Circulación comunitaria y régimen de salidas de los residentes
A la problemática interna se suma un factor de riesgo extra institucional: el régimen de semi-libertad del que gozan varios de los adultos mayores alojados en el complejo de Ventura Alegre 799.
A diferencia de un hospital monovalente de aislamiento, el Hogar Martín Rodríguez-Viamonte funciona bajo un modelo residencial donde un porcentaje significativo de adultos mayores realiza salidas periódicas a la vía pública para compras, gestiones personales o visitas en las inmediaciones del centro comercial de Ituzaingó y paradas de transporte público.
- Población residente: Cientos de adultos mayores autoválidos y semidependientes que conviven en régimen de internación.
- Dinámica externa: Salidas diarias autorizadas sin chequeo bacteriológico previo ni control térmico exhaustivo.
- Riesgo potencial: Posible contacto con vecinos de la zona oeste del Conurbano y usuarios de líneas de colectivos locales en caso de que circulen personas con cuadros bacilíferos no detectados.
Esta permeabilidad entre el interior de la residencia y el tejido urbano del partido de Ituzaingó incrementa la urgencia de establecer un cerco epidemiológico riguroso y transparente, supervisado en conjunto por las autoridades sanitarias de ambas márgenes de la General Paz.
Las familias de los residentes y los trabajadores del Hogar Martín Rodríguez-Viamonte aguardan una inspección pericial integral y una respuesta pública por parte de las autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para esclarecer el estado clínico de los internos y las condiciones de seguridad biológica en el establecimiento.
