Denuncian a Milei ante la Naciones Unidas por el ataque a periodistas
El dato más contundente del informe señala que más del 60% de las agresiones actuales provienen de la figura del presidente de la Nación, Javier Milei.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia formal ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas (ONU), advirtiendo sobre un deterioro severo y sostenido en las condiciones para ejercer el periodismo en la República Argentina. La presentación, dirigida a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, solicita la intervención urgente del organismo internacional frente al Estado argentino.
El documento presentado se sustenta en un informe exhaustivo elaborado a partir del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, una base de datos que registra sistemáticamente los ataques a la prensa en el país desde el año 2008. Según la organización, el escenario actual configura una crisis institucional que afecta directamente el derecho a la información de la ciudadanía.
Cifras alarmantes: un crecimiento exponencial
Las cifras documentadas por el Monitoreo de FOPEA exponen un incremento drástico en las agresiones contra los trabajadores de prensa en los últimos tres años. De acuerdo con el informe oficial de la entidad, la evolución de los casos registrados refleja la siguiente progresión:
- 2023: 116 ataques registrados.
- 2024: 179 ataques registrados.
- 2025: 278 ataques registrados (la cifra anual más alta en la historia del registro).
- 2026 (parcial): El récord de 2025 ya ha sido superado antes de finalizar el año en curso.
El dato más contundente del informe señala que más del 60% de las agresiones actuales provienen de la figura del presidente de la Nación, Javier Milei. La estadística detalla el nivel de responsabilidad directa del actual jefe de Estado en los incidentes contra la prensa: mientras que en 2023 se registraron 5 casos con responsabilidad presidencial (3 atribuidos a Alberto Fernández y 2 a Javier Milei), la cifra escaló a 56 casos generados por Milei en 2024, saltó a 119 en 2025, y acumula 175 hechos en lo que va de 2026.
La escalada del discurso oficial
La denuncia pone especial énfasis en el recrudecimiento de la retórica presidencial durante las últimas semanas, advirtiendo que el discurso oficial ha cruzado un límite peligroso.
Como evidencia, FOPEA cita publicaciones recientes del mandatario. El 6 de octubre de 2026, el presidente publicó en la red social X: “Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono”. Días más tarde, el viernes 23 de octubre, durante la cena anual de la Fundación Faro y horas después de su sobreseimiento en la causa judicial conocida como $LIBRA, el mandatario apuntó directamente contra los periodistas que investigaron el caso. Tras nombrar a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, el jefe de Estado afirmó públicamente: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Ante la Relatoría de la ONU, FOPEA argumentó que esta evocación explícita a la violencia física contra periodistas identificados con nombre y apellido representa un "salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa", pasando del insulto genérico a la amenaza directa.
Violencia en las calles y desinformación digital
El informe no se limita a la violencia retórica, sino que detalla hechos de violencia física, represión y campañas de hostigamiento sistemático:
- Represión estatal: Se documentó el accionar de las fuerzas federales en protestas frente al Congreso Nacional. Se destaca el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido en la cabeza en marzo de 2025, así como el impacto de balas de goma contra siete trabajadores de prensa durante la Marcha Federal Universitaria de octubre de este año.
- Campañas de hostigamiento: El documento detalla el armado de noticias falsas, incluyendo el uso de inteligencia artificial para fabricar videos contra la periodista Julia Mengolini, material que posteriormente fue amplificado por el propio presidente.
- Ataques institucionales: En marzo de 2026, FOPEA denunció que la Oficina de Respuesta Oficial de la Nación orquestó una campaña de desinformación y estigmatización contra la propia entidad periodística.
Censura, opacidad y judicialización
La organización enumeró además una serie de medidas y fallos que restringen el libre ejercicio de la profesión y el acceso ciudadano a los actos de gobierno. Entre los puntos más críticos, el informe señala:
- Bloqueos a la información: El cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada durante 11 días (entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2026) y la modificación por decreto de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública en septiembre de 2024.
- Censura previa y persecución judicial: Se registraron decisiones de censura en casos de alto perfil, como los audios atribuidos a Karina Milei, el caso de la Compañía de Circuitos Cerrados de Tucumán y las restricciones a los periodistas que investigan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A esto se suma el incremento generalizado de acciones judiciales contra comunicadores.
- Retrocesos normativos: La condena a un equipo periodístico en Formosa por trabajar sin un "carnet" (exigencia que no es legalmente obligatoria en Argentina), la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y el avance de los "desiertos de noticias" en el interior del país, zonas donde la información local está desapareciendo.
El pedido ante las Naciones Unidas
Frente a este panorama, que ya había sido expuesto en diciembre de 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), FOPEA solicitó formalmente a la Relatoría Especial que emita un pronunciamiento público y remita una comunicación oficial al Estado argentino.
La entidad exige que los organismos internacionales recuerden al Gobierno nacional las obligaciones establecidas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este marco normativo impone a los funcionarios públicos el deber de abstenerse de emitir expresiones que estigmaticen a los periodistas o los expongan a riesgos físicos e institucionales. Asimismo, se requirió evaluar una visita oficial al país y coordinar acciones conjuntas con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
