Día de movilizaciones y “protocolo antipiquetes”: ¿Qué dice la resolución del Gobierno que se pondrá en práctica esta tarde?
Este miércoles desde el mediodía, Unidad Piquetera inició la movilización que convocó a diversas organizaciones sociales a Plaza de Mayo, con motivo de manifestarse en contra de las políticas de ajustes del nuevo gobierno de Javier Milei, específicamente, en materia económica tras los anuncios de Luis Caputo.
A raíz de la ya anunciada convocatoria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich implementará durante la jornada de hoy un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que prevé, entre otras cuestiones, la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial”, en caso de que una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.
La resolución 943/2023 fue publicada el 15 de diciembre pasado en el Boletín Oficial y entiende como impedimentos del tránsito a “cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas”.
Asimismo, la normativa hace especial hincapié en el accionar de los agentes de seguridad, insistiendo en que la fuerza que utilicen los efectivos “será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”.
Por otra parte, durante las primeras horas de la jornada de movilización, distintos usuarios de las redes sociales Instagram y X (antes Twitter) han registrado a personal de la policía ingresando al transporte público con celulares grabando a los pasajeros y pasajeras, pidiéndoles un DNI que acredite su identidad y haciendo averiguaciones para ver si asistían o no a la convocatoria contra el ajuste.
Registros, demandas y posibles resarcimientos
Dentro de los puntos del llamado “protocolo antipiquetes” se encuentra la identificación de los “autores, cómplices e instigadores” de la protesta “mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales”, posibilitando su detención “cuando corresponda legalmente”. La identificación también aplicará para aquellos vehículos que hayan sido de utilidad para el transporte de los manifestantes.
Además, dicho protocolo expresa que el Gobierno podrá “demandar judicialmente a las organizaciones y personas” que convoquen a una protesta “por el costo de los operativos” de seguridad “que se hubieran desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”. Asimismo, se establece que el Gobierno puede iniciar “acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas” durante la manifestación.
Por último, el protocolo establece además la creación de un “registro de las organizaciones que participan de las acciones” y de “infractores identificados de cada una de esas entidades”.
