El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, eliminó este martes de manera definitiva el sistema de compensaciones económicas destinadas a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad en la República Argentina. La brutal medida obliga a las compañías a absorber los costos en un contexto de desregulación tarifaria, generando preocupación e incertidumbre sobre la futura accesibilidad a este derecho fundamental.

El fin de las compensaciones económicas en el transporte

A partir de este martes, el escenario del transporte interjurisdiccional en la Argentina sufre una transformación radical que impacta directamente en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Mediante la publicación de la Resolución 28/2026 en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Gobierno nacional oficializó la eliminación de los subsidios estatales que compensaban a las empresas de ómnibus de larga distancia por el traslado gratuito de personas amparadas por legislaciones específicas.

La normativa gubernamental es tajante en su artículo principal y dictamina la inmediata interrupción del flujo de fondos estatales hacia las prestadoras de servicios. El texto oficial establece textualmente: "Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674".

Esta decisión representa un cambio de paradigma total en la estructura de costos del transporte nacional, trasladando la responsabilidad económica del Estado hacia las empresas privadas. Hasta la fecha, el Gobierno nacional subsidiaba una parte sustancial del costo de estos boletos gratuitos destinados a garantizar la movilidad de poblaciones de riesgo, pero con esta nueva medida, el Estado da un paso al costado en la financiación de dicha garantía social.

¿A quiénes amparan las leyes mencionadas?

Para comprender la magnitud de la medida adoptada por la gestión de Javier Milei, es indispensable desglosar las normativas que regulan los pasajes gratuitos y la población objetivo a la que van dirigidos. Estas tres leyes nacionales, que hoy ven alterada su dinámica de sostenimiento económico, disponen en sus articulados que las empresas de transporte de larga distancia bajo el control y la órbita de la autoridad nacional tienen la estricta obligación legal de trasladar de manera gratuita a tres grupos demográficos clave:

Personas con discapacidad: Amparadas fundamentalmente por la Ley 22.431, la cual establece un sistema de protección integral, garantizando, entre otros derechos, el libre tránsito y la accesibilidad al transporte terrestre.

Personas trasplantadas o en lista de espera: Protegidas bajo el paraguas de la Ley 26.928, que crea el Sistema de Protección Integral para este grupo poblacional, asegurando su movilidad para tratamientos, controles y vida cotidiana.

Niños, niñas y adolescentes con cáncer: Contemplados en la Ley 27.674 (Ley de Oncopediatría), que busca garantizar la equidad y calidad en el acceso al diagnóstico y tratamiento, incluyendo el transporte gratuito para los pacientes y sus acompañantes.

El argumento oficial: Libertad tarifaria y desregulación

La justificación esgrimida por el Poder Ejecutivo para llevar adelante este recorte en el esquema de subsidios se fundamenta en las recientes reformas estructurales aplicadas al sector del transporte. Según se argumenta en los considerandos de la Resolución 28/2026, la clave de este cambio de financiamiento reside en la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, un instrumento legal que sentó las bases para la desregulación absoluta del mercado de transporte automotor.

De acuerdo con el Gobierno, a partir de dicho decreto, los transportistas tienen la potestad de "determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios". Esta autonomía comercial inédita en las últimas décadas es el pilar sobre el cual la Secretaría de Transporte sostiene su argumentación.

Por este motivo, el oficialismo señala que este "régimen basado en la libertad tarifaria" permite a las compañías de micros reorganizar sus finanzas y absorber los gastos que implique la obligatoriedad de entregar pasajes gratuitos a las personas contempladas en las leyes mencionadas. En los considerandos de la resolución se remarca con énfasis que "la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad".

Antecedentes y crisis: El incumplimiento de la Ley de Emergencia

La eliminación de estas compensaciones no ocurre en un vacío político ni social, sino que se enmarca en un escenario de profunda tensión entre el gobierno libertario y los colectivos de personas con discapacidad, profesionales de la salud, y familiares. Este nuevo recorte es interpretado por distintos sectores como un duro golpe que se suma a una serie de políticas de ajuste que afectan directamente a la población más vulnerable de la Argentina.

El contexto inmediato más relevante de esta noticia es el sostenido incumplimiento por parte del gobierno de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). Esta normativa, que declara el estado de alerta y urgencia en el sistema de prestaciones, fue sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado con un amplio consenso político y, posteriormente, fue ratificada en diversas instancias por el Poder Judicial ante los amparos presentados por instituciones y familias.

A pesar de contar con fuerza de ley y el respaldo de la Justicia, el Gobierno nacional se ha negado sistemáticamente a implementarla, lo que ha llevado al colapso a cientos de centros de día, transportistas especiales y terapeutas que trabajan con personas con discapacidad debido a la falta de actualización de aranceles y las demoras crónicas en los pagos.

Mientras sigue sin cumplir con las obligaciones estipuladas en esta Ley de Emergencia en Discapacidad, las organizaciones denuncian que el Gobierno profundiza el ensañamiento con el sector. Es más, fuentes legislativas y del ámbito de la salud advierten que el presidente Javier Milei busca activamente reemplazar la vigente normativa por una nueva legislación que, según los expertos, profundiza la crisis y el desamparo institucional. Los borradores de esta nueva propuesta oficialista apuntarían a ejecutar mayores recortes a las coberturas obligatorias que deben brindar las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, reduciendo drásticamente el catálogo de prestaciones elementales.