Anuncio oficial: El gobierno llamará a los discapacitados como "idiotas" "imbéciles" y "retardados mentales"

Esta forma de evaluar a los beneficiarios de asignaciones se dejó de usar en la década del 90 por ser contrarias a lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, según Naciones Unidas.

Anuncio oficial: El gobierno llamará a los discapacitados como "idiotas" "imbéciles" y "retardados mentales"
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 El Gobierno Nacional a cargo de Javier Milei publicó a través la Resolución N°187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) un nuevo nomenclador para la evaluación de invalidez laboral en el otorgamiento de pensiones no contributivas. En ese nuevo esquema, se vuelve a utilizar nombres considerados obsoletos y discriminatorios

El texto clasifica a las personas con discapacidad intelectual en categorías como "idiota", "imbécil" y "débil mental", términos que han sido descartados en la comunidad médica y legal por su carga peyorativa. La resolución describe distintos niveles de "retardos mentales" basados en el coeficiente intelectual (CI), estableciendo criterios que han generado indignación en organismos de derechos humanos y asociaciones civiles.

La medida figura en el Boletín Oficial, discrimina y estigmatiza, además viola acuerdos internacionales en la materia, tal explica Eduardo Sotelo (profesor de educación física y con basta experiencia en el tema)

Esta forma de evaluar a los beneficiarios de asignaciones se dejó de usar en la década del 90 por ser contrarias a lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, según Naciones Unidas.

Desde 1997 se entiende que la discapacidad no impide trabajar, pero que a la vez las personas con discapacidad enfrentan barreras por las cuales es necesario brindarles una asignación. 

Críticas y rechazo de organismos de derechos humanos

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad denunciaron que la normativa representa un retroceso en términos de inclusión y respeto a los derechos humanos. Además, argumentan que la clasificación contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, un tratado con jerarquía constitucional en Argentina.

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