El gobierno difundió una Fake News para justificar una auditoría sobre las pensiones para discapacitados

La necesidad de profundizar el ajuste en el Estado y bajar el "gasto social", llevó al gobierno nacional esta última semana, a repetir una vez más una remanida estrategia comunicacional que justifique el achique. Primero le entregó a algunos medios amigos información falsa, estos medios la publicaron con titulares rimbombantes y luego el vocero presidencial, con la información ya publicada, anunció el ajuste.

Esta vez le tocó al presupuesto invertido en pensiones para personas discapacitadas que por ley, representa un derecho para quienes no pueden trabajar por su condición personal. El ajuste, dice el gobierno, está justificado por la "corrupción en la entrega de pensiones" y el desfalco ascendería a la friolera de U$ 3.400 millones de dólares.

La denuncia es producto de una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores. Se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año", repiten como loros, los medios afines al gobierno. Las pruebas, te las debo.

Para graficar tamaño defalco, el vocero Adorni hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro

El derecho a la pensión

En la actualidad, el Estado nacional otorga por ley, una pensión a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en su capacidad laboral del 76% o más. La pensión que representa el 70 % de una jubilación mínima y en la actualidad sólo alcanza al 55% de las personas con derecho a percibirla

Una radiografía trucha y una pensión que nunca se otorgó

Frente a la acusación, el ex director de ANDIS Fernando Galarraga, no tardó en contestar: "Es otra mentira dentro de las tantas que se están diciendo"

Galarraga se manifestó a través de sus redes sociales. Allí, compartió el documento que se hizo sobre el pedido de la pensión por discapacidad durante 2022. La solicitud fue realizada por una persona de Goya, Corrientes: "Padece trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía, disminución de la agudeza visual e hipertensión esencial (primaria). El interesado no adjunta ningún examen complementario que justifique las mencionadas patologías, único examen complementario presentado corresponde a una radiografía que no pertenece a un ser humano".

El ex funcionario nacional dijo que esta es "otra mentira de las tantas que se están diciendo" y aclaró que ese expediente mencionado y mostrado por Adorni fue "frenado, denunciado y archivado". Por ello, la persona solicitante "nunca cobró ni cobra una pensión entregada" por la gestión que estuvo a su cargo. 

Bajo la administración Milei, la ANDIS pasó de depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, a través del Decreto 585/2024, sancionado el pasado 4 de julio. Sobre ello, se pronunció inmediatamente el Foro Permanente por la Discapacidad, que denunció que se trata de "una medida regresiva que vulnera el modelo social de la discapacidad, enfoque obligatorio para el Estado por imperio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado con jerarquía constitucional en nuestro país".

El ajuste está en marcha.