En una escuela secundaria de Ituzaingó 3 alumnos usan IA para editar fotos de sus compañeras desnudas
Un grave caso de violencia digital ha sacudido a la comunidad educativa de Ituzaingó. Lo que comenzó como un rumor en los pasillos ha sido confirmado a través de testimonios de las propias estudiantes: un grupo de alumnos de nivel secundario utilizó Inteligencia Artificial (IA) para falsificar y comercializar imágenes pornográficas de sus compañeras. El caso pone de manifiesto no solo el uso malicioso de las nuevas tecnologías, sino también la alarmante lentitud de las respuestas institucionales frente a delitos que vulneran la integridad de las menores de edad.
La información salió a la luz gracias a la valentía de las estudiantes que decidieron romper el silencio. A través de una comunicación directa con La Ciudad, una alumna, que se mantuvo en resguardo para proteger su identidad, detalló cómo operaba esta red interna de comercialización de imágenes generadas sin consentimiento, un fenómeno global conocido como deepfake que ahora golpea las aulas del conurbano bonaerense.
El modus operandi: de los recreos a Telegram
Los hechos denunciados tienen como epicentro el Colegio Thomas Alva Edison de Ituzaingó. Según los testimonios recabados en la investigación periodística, los responsables son tres estudiantes varones de entre 15 y 16 años, quienes mantienen un vínculo de amistad entre sí. Lejos de ser una "broma" o un incidente aislado, los jóvenes desarrollaron un sistema organizado de recolección de datos, falsificación y posterior venta.
El método era silencioso pero efectivo. Los adolescentes captaban fotografías de sus compañeras de dos maneras: robando imágenes directamente de los perfiles públicos y privados de las víctimas en Instagram, y tomando fotos de forma encubierta durante los recreos o en reuniones sociales compartidas.
Una vez obtenido el material base, utilizaban herramientas de Inteligencia Artificial de fácil acceso en internet para "desnudar" digitalmente a las jóvenes, superponiendo sus rostros en cuerpos de actrices pornográficas de manera hiperrealista.
El último eslabón de la cadena era la monetización del delito a través de la aplicación de mensajería Telegram, elegida por sus políticas de privacidad que dificultan el rastreo.
El detonante: llamadas anónimas y una confesión
El entramado de este delito no se limitó exclusivamente a la creación visual, sino que cruzó barreras hacia el hostigamiento directo, vulnerando por completo la privacidad y la seguridad física de las menores.
La estructura de silencio comenzó a resquebrajarse a partir de un episodio de acoso telefónico severo. Según los datos aportados a este medio, los agresores dieron un paso más allá de la manipulación de imágenes: vendían el número de una de las chicas junto con el material fotográfico y la empezaron a llamar.
La víctima comenzó a recibir comunicaciones incesantes de números desconocidos a distintas horas del día, lo que generó un estado de alerta y pánico. El misterio de este asedio sistemático se resolvió desde el propio núcleo de los estudiantes. Después de varias llamadas, un amigo se acercó a la joven y le confesó que unos chicos del curso estaban haciendo las fotos y distribuyendo sus datos de contacto. Esta revelación fue la pieza fundamental que permitió a las alumnas conectar los puntos, identificar a los tres responsables —quienes cursan el cuarto año— y descubrir que la red de comercialización se había extendido hasta afectar a "chicas de todos los cursos".
Tres cómplices
“Mandaban una foto principal y las ofrecían por determinada plata, por lo que entiendo”, relató la estudiante que actuó como fuente de este medio. El trato hacia las menores fue descrito por las denunciantes como degradante, señalando que las comercializaban "como si fueran prostitutas".
La expansión del daño fue masiva. Según el relato de la testigo, “se conoció porque le pasó principalmente a cuarto, pero después hubo fotos de chicas de todos los cursos”. La red de comercialización se retroalimentaba: entre los propios estudiantes de la institución circulaban y compraban el material adulterado, multiplicando la exposición de las víctimas.
Inacción institucional: charlas frente a delitos
Uno de los puntos más críticos que expone esta denuncia es la respuesta de las autoridades del establecimiento educativo. Frente al descubrimiento de una red de comercialización de imágenes de explotación sexual infantil generadas por IA, la medida propuesta por la escuela ha sido calificada de insuficiente por las propias alumnas.
“El colegio no está haciendo nada al respecto y quieren hacer charlas cuando la situación abarca mucha más importancia. Estaría bueno que no normalicen estas situaciones, ya que están sucediendo en muchos colegios”, sentenció la estudiante en su comunicación.
No se sabe a ciencia cierta si el colegio concretó la denuncia correspondiente, ya que La Ciudad intentó comunicarse con autoridades de la institución, pero no obtuvo respuesta.
La minimización de la violencia digital es un problema recurrente en las instituciones educativas. Tratar un delito de difusión no consentida y extorsión comercial como un simple conflicto de convivencia que se resuelve con "charlas de concientización" revictimiza a las jóvenes afectadas y otorga una peligrosa sensación de impunidad a los agresores. Aunque trascendió que a uno de los implicados ya le cerraron su cuenta de Instagram debido a las denuncias masivas en la plataforma, las acciones punitivas y de contención por parte del colegio aún brillan por su ausencia.
Las cifras detrás del fenómeno "Deepfake"
Para comprender la magnitud de este evento, es necesario contextualizarlo en el panorama actual de la cibercriminalidad. La creación de desnudos falsos mediante Inteligencia Artificial no es un juego de niños; es una forma tipificada de violencia de género digital que está creciendo a un ritmo exponencial.
Según el último informe global sobre manipulación de medios publicado por la firma de ciberseguridad Sensity AI, el 96% de los videos e imágenes falsificadas (deepfakes) que circulan en internet corresponden a pornografía no consentida. De ese porcentaje estadístico, el 99% tiene como víctimas exclusivas a mujeres.
A nivel nacional, los datos respaldan la preocupación de las estudiantes de Ituzaingó. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación reportó en su último informe anual que las denuncias por extorsión digital y difusión de imágenes íntimas (reales o adulteradas) crecieron más de un 40% en el último año, afectando de manera desproporcionada a la franja etaria de entre 13 y 18 años.
La organización ONG Argentina Cibersegura advierte permanentemente que el fácil acceso a bots de Telegram que "desnudan" mujeres en segundos ha convertido este delito en una epidemia silenciosa dentro de los colegios secundarios del país.
El marco legal: ¿Qué dice la ley en Argentina?
Es fundamental esclarecer que las acciones llevadas a cabo por estos tres alumnos constituyen delitos penales. Recientemente, Argentina dio un paso fundamental con la sanción de la Ley 27.736, conocida como "Ley Olimpia", que incorpora la violencia digital a la Ley de Protección Integral a las Mujeres.
Esta normativa define la violencia digital como aquella que se ejerce mediante el uso de tecnologías de la información para obtener, reproducir y difundir datos personales, material digital real o simulado, que atente contra la integridad, la dignidad o la vida privada de las mujeres. La comercialización de este material agrava sustancialmente la figura penal, sumando el componente de explotación. Al tratarse de menores de 18 años, la gravedad de los hechos escala hacia figuras vinculadas a la vulneración de derechos de las infancias, requiriendo la intervención inmediata de la justicia de menores y de los ministerios públicos fiscales.
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Información de servicio esencial: Si sos víctima o conocés a alguien que está sufriendo violencia digital, difusión no consentida de imágenes o ciberacoso, no estás sola. Podés pedir ayuda y denunciar en:
Línea 137: Atención a víctimas de violencia familiar y sexual (gratuita, nacional, las 24 horas).
UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia): Podés enviar tu reporte de manera directa al correo electrónico denunciasufeci@mpf.gov.ar detallando lo sucedido y aportando capturas de pantalla o links que sirvan de evidencia. No borres los chats ni los grupos, son prueba fundamental.