Ituzaingó: el profesor de gimnasia procesado por abuso sexual y corrupción de menores supervisó un concurso en el CEF
La revelación motivó una presentación de carácter urgente por un sector del gremio docente ante la Jefatura Distrital.
El caso judicial que sacudió a al sistema educativo de Ituzaingó sumó en las últimas horas un nuevo y polémico capítulo. Pese a encontrarse formalmente separado de su cargo, el inspector de Educación Física Marcelo Díaz, acusado de abuso sexual agravado y corrupción de menores, fue denunciado por haber participado activamente en un acto público oficial.
La revelación motivó una presentación de carácter urgente por un sector del gremio docente ante la Jefatura Distrital. A través de un escrito fechado el 2 de junio de 2026, solicitaron una audiencia inmediata, eludiendo los canales burocráticos tradicionales dada la "gravedad y urgencia" de la situación.
Según el documento, Díaz estuvo supervisando el acto público del concurso de directores del Centro de Educación Física (CEF) el pasado viernes 29 de mayo. El sindicato enmarcó lo sucedido como un claro acto de revictimización y violencia institucional, amparando su reclamo en la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La contradicción administrativa: El Artículo 139
La presencia del acusado en un acto público expone una grave falla en la aplicación de las medidas preventivas. En diciembre, la misma Jefatura Distrital Florencia Pennise, había oficializado el relevo transitorio de las funciones de Díaz aplicando el Artículo 139 del Estatuto del Docente.
Esta herramienta administrativa obliga a apartar al agente de cualquier contacto con establecimientos, docentes y alumnos mientras se instruye el sumario y avanza la causa penal. A posteriori, la justicia penal de Morón decidió indagar a Diaz. De acuerdo a la resolución firmada por la Agente Fiscal María Laura Cristini, titular de la UFI N° 12, se encuentra "prima facie" acreditado que los abusos habrían comenzado en agosto de 2014.
La reciente aparición pública del inspector contradice el espíritu de la normativa, cuyo fin primario es evitar el entorpecimiento de la investigación y proteger a la comunidad.
El caso de fondo: de las aulas a la justicia
La medida restrictiva sobre Díaz responde a la causa penal que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón, especializada en Violencia de Género y a cargo de la fiscal Dra. María Laura Cristini. Allí, su exalumna Alejandra Macarena Bermúdez ratificó haber sido víctima de un asedio sistemático que comenzó en 2012, cuando ella tenía 15 años y cursaba en el Instituto Nuestra Señora de Lourdes (Villa Udaondo).
El expediente documenta un patrón delictivo que inició con "grooming" (ciberacoso) y fotografías no consentidas, escaló a tocamientos en dependencias aisladas del colegio (como el aula de economía o el cuarto de materiales), y culminó en octubre de 2014 con hechos de acceso carnal en el hotel alojamiento "Blue" de la colectora de Ituzaingó. En aquel momento, la víctima tenía 17 años y el docente aprovechó su posición de asimetría y autoridad para someterla, presuntamente extorsionándola durante años con imágenes íntimas.
Actualmente, sobre Díaz rige una restricción perimetral de 500 metros dictada por la Justicia. La fiscalía analiza las pruebas recolectadas, entre ellas el reciente testimonio de la madre de la víctima, quien admitió el cerco de manipulación que el "groomer" ejerció sobre el entorno familiar para garantizar su impunidad.
En su descargo ante la justicia, Diaz alegó que con la alumna tenian una relación sexual consentida.
