Otro ataque a la comunidad LGBT+: Un proyecto libertario busca modificar la Ley de Identidad de Género

Se trata de una propuesta presentada por diputados nacionales del PRO y La Libertad Avanza que busca eliminar el financiamiento estatal de los tratamientos de cambio de género.

Otro ataque a la comunidad LGBT+: Un proyecto libertario busca modificar la Ley de Identidad de Género
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En la semana en la que se cumplieron 15 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, una normativa pionera e histórica en Latinoamérica, un grupo de diputados intenta arremeter en contra de la Ley de Identidad de Género, una iniciativa que afectaría la calidad de vida de miles de personas disidentes en el país.

Se trata de un proyecto de ley presentado por Gerardo Milman, Lilia Lemoine y Carlos Zapata que busca eliminar el financiamiento estatal de los tratamientos de cambio de género.

Según la propuesta presentada por los diputados del PRO y La Libertad Avanza, toda persona mayor de 18 años que desee acceder a tratamientos médicos, hormonales o quirúrgicos deberá hacerlo “a su costo exclusivo”, excluyendo expresamente la cobertura del sistema de salud público, el Plan Médico Obligatorio (PMO), obras sociales y cualquier programa financiado con fondos estatales.

De este modo, la iniciativa elimina el respaldo público para las personas que quieran adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. Para los diputados creadores del proyecto, el Estado no debe "promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad".

Un retroceso que afecta la calidad de vida

Más allá de la eliminación del financiamiento estatal para la adecuación del cuerpo a la identidad de género, el proyecto de ley libertario propone quitar el principio de trato digno al declarar que el uso del nombre autopercibido en ámbitos institucionales “será voluntario y no obligatorio”.

Asimismo, la iniciativa incorpora el principio de “neutralidad estatal”. Este punto afecta especialmente al ámbito educativo, ya que implicaría que el Estado no podría promover campañas educativas, políticas públicas o contenidos pedagógicos que reconozcan la identidad de género autopercibida.

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