La crisis del sector farmacéutico sumó su capítulo más dramático. La cadena de farmacias Dr. Ahorro, controlada por la firma Energía y Vida de Argentina S.A., oficializó el cierre definitivo de todas sus operaciones en el país, dejando a 330 trabajadores en la calle, sin el pago de indemnizaciones, con salarios adeudados y aportes patronales impagos.
Tras un fallido intento de concurso preventivo, los representantes legales de la compañía —propiedad del ex diputado mexicano Xavier González Zirión— solicitaron formalmente la quiebra ante la justicia comercial, argumentando una "imposibilidad material e irreversible" de continuar con el negocio ordinario tras la desregulación del mercado de medicamentos dictada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a fines de 2023 y la persistente recesión económica.
El desplome definitivo de un gigante de los genéricos
El colapso de la firma se precipitó en dos etapas críticas. Un primer impacto ocurrió en diciembre de 2025, cuando la empresa bajó la persiana de 11 locales, desvinculando a más de 90 operarios. El desenlace final llegó a principios de este mes, con la clausura de las 33 sucursales restantes y el despido directo de otros 242 empleados. La metodología del cierre generó profunda indignación entre el personal damnificado: los trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas habituales y hallaron los accesos con candados cambiados, recibiendo apenas minutos antes de las 08:00 horas un mensaje de texto que notificaba el cese inmediato de actividades.
A nivel geográfico, el impacto de la quiebra resuena con fuerza en distintas provincias del territorio nacional. Dr. Ahorro, que desembarcó en la Argentina en el año 2002 bajo un modelo enfocado en la comercialización de medicamentos genéricos de bajo costo dirigidos a la base de la pirámide social, llegó a consolidar una red de 47 farmacias entre establecimientos propios y franquicias, distribuidas estratégicamente en Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Mendoza.
Argumentos judiciales y el impacto de la desregulación
La defensa corporativa apuntó de manera directa contra las reformas macroeconómicas vigentes. Según detallaron, la combinación del cambio de normativa impulsado por el Gobierno a finales de 2023, que desreguló por completo la comercialización de medicamentos, junto con un "sostenido y prolongado proceso de recesión de la economía argentina", arrastró a la sociedad a una severa crisis económica y financiera. Ante este escenario, la dirección afirmó haber desplegado medidas paliativas como la renegociación de contratos de locación, la solicitud de mayores plazos de pago y descuentos a proveedores, y la apertura de un Proceso Preventivo de Crisis, iniciativas que resultaron insuficientes.
Incertidumbre laboral y pasivos salariales
La situación de los damnificados es de extrema vulnerabilidad. A la fecha, la empresa adeuda el 75% de los salarios correspondientes al mes de abril al último grupo de despedidos, mientras que el porcentaje de deuda es aún mayor para el personal cesanteado en la primera oleada de diciembre. La firma reconoció en sede judicial el impago absoluto de los alquileres de los locales comerciales y la carencia total de vías de financiamiento genuinas. Asimismo, revelaron que se intentó instrumentar una transferencia directa de las farmacias a otra firma del sector, pero la operación fue denegada por los organismos reguladores debido a que la empresa se negó a presentar una tasación oficial de sus bienes de uso.
De acuerdo con el planteo de los letrados de Xavier González Zirión, la liquidación judicial del patrimonio a través del proceso falencial es la única alternativa para garantizar un cobro equitativo entre los acreedores y los empleados. No obstante, las declaraciones transmitidas por el empresario mexicano generaron un fuerte repudio en los sectores sindicales:
Mientras las presentaciones judiciales siguen su curso en los tribunales, las 330 familias afectadas enfrentan un escenario de total desamparo económico, desprovistas de cobertura médica formal, aportes previsionales e indemnizaciones de ley en un contexto de alta complejidad laboral.
