La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en conjunto con organizaciones sociales y agrarias, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La medida judicial busca frenar el cierre definitivo de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) AMBA, ubicada en nuestro municipio, denunciando que el cese de actividades vulnera el derecho a la alimentación y pone en riesgo la soberanía alimentaria de 16 millones de personas.
Un freno judicial al desmantelamiento
El expediente FSM 021686/2026, radicado en el Juzgado Federal N.º 2 de San Martín, surge como respuesta al cierre oficializado el pasado 27 de febrero. Sin embargo, los demandantes —entre los que se encuentran APINTA, FONAF, la Cooperativa Trasulag y la Fundación Servicio de Paz y Justicia— sostienen que el vaciamiento de recursos comenzó en junio de 2025.
La clausura de esta unidad pone fin a más de 15 años de investigación científica destinada al cinturón frutihortícola que rodea la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Según el escrito judicial, el INTA habría abandonado su deber de asistencia técnica, incumpliendo leyes nacionales de Agricultura Familiar y tratados internacionales con rango constitucional.
El impacto en el plato de los argentinos
La relevancia de la EEA AMBA no es menor si se analizan las cifras del sector. De acuerdo con los datos aportados en la demanda, la Agricultura Familiar es responsable de:
El 70% de los alimentos frescos que se consumen en el país.
El 54% de la generación de empleo en el ámbito rural.
"En Argentina consumimos papa, tomate y verduras a diario; no comemos porotos de soja de exportación. Es la agricultura familiar la que garantiza ese plato de comida", señalaron desde las entidades demandantes. El argumento central es que, al retirar la asistencia tecnológica en una región habitada por 16 millones de personas, el Estado desprotege el acceso igualitario a la ciencia aplicada a la alimentación.
¿Interés científico o inmobiliario?
Más allá de la cuestión productiva, el amparo introduce una denuncia grave sobre el patrimonio público. Las organizaciones sostienen que el cierre no responde a criterios de eficiencia, sino al interés de vender las tierras de Ituzaingó a desarrolladores inmobiliarios para la construcción de viviendas de lujo.
"Se pretende rematar patrimonio estatal para negocios privados, un esquema que ya cuenta con procesos penales abiertos por ventas fraudulentas en otras áreas", afirmaron fuentes vinculadas a la causa.
Próximos pasos procesales
La causa, caratulada como "Asociación Trabajadores del Estado y otros c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) s/ Amparo Ley 16.986", se encuentra en etapa de evaluación por parte de la Justicia Federal de San Martín. Se espera que en los próximos días el tribunal solicite informes detallados al INTA para determinar la legitimidad del cierre administrativo y si este afecta derechos fundamentales de los ciudadanos y trabajadores.
