Separan del cargo al docente inspector denunciado por abuso en el Instituto Lourdes
La Jefatura Distrital de Ituzaingó oficializó el relevo transitorio de funciones del actual supervisor de Educación Física. La medida administrativa responde a la grave causa penal que tramita en la UFI N° 12
En una decisión administrativa que busca resguardar la integridad del sistema educativo mientras avanza la justicia penal, la Jefatura Distrital de Ituzaingó, a cargo de la profesora María Pennise, procedió en las últimas horas a la aplicación del Artículo 139 del Estatuto del Docente sobre Marcelo Díaz, quien hasta el momento se desempeñaba como Inspector de Educación Física en el distrito.
Esta resolución implica la separación preventiva y el relevo transitorio de sus funciones, apartando al funcionario de cualquier contacto con establecimientos escolares, docentes y alumnos. La medida se mantendrá vigente mientras dure la investigación sumarial y se esclarezca su situación procesal en la causa que investiga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón, especializada en Delitos de Violencia de Género.
La cronología del horror: de la escuela al hotel
La separación del cargo es consecuencia directa de la denuncia ratificada por Alejandra Macarena Bermúdez, quien expuso ante la justicia un calvario iniciado en 2012, cuando ella tenía 15 años y era alumna del Instituto Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Udaondo, y Díaz era su profesor.
El expediente judicial reconstruye una historia marcada por la asimetría de poder y el "grooming". Según la denuncia, el docente comenzó con un acoso digital mediante Facebook y la toma de fotografías no consentidas a la menor dentro del colegio. Esta conducta derivó, en agosto de 2014, en abusos físicos cometidos dentro de la institución educativa: la víctima relató haber sido acorralada y manoseada en el aula de economía y en el depósito de materiales de educación física, aprovechando la soledad de esos espacios.
El entorno y la situación legal
La investigación sumó recientemente el testimonio de la madre de la víctima, quien el pasado 18 de junio admitió ante la fiscalía haber conocido el vínculo cuando su hija era adolescente, aunque confesó haber guardado silencio debido a la manipulación ejercida por el acusado y la promesa de la menor de terminar la relación. También declaró una testigo amiga de la victima, quien afirmó conocer que Alejandra tenía una relación con el profesor de educación física.
Ante la inminencia del avance judicial, Díaz envió correos electrónicos a la víctima reconociendo la gravedad de la situación. "Si me presento en la fiscalía pierdo el trabajo en el acto", escribió el imputado, suplicando que se retirara la denuncia.
Actualmente, el acusado enfrenta cargos por Abuso Sexual Agravado por su condición de educador y Corrupción de Menores, delitos que conllevan penas de 8 a 16 años de prisión efectiva. Mientras rige una medida perimetral de 500 metros, la aplicación del Artículo 139 marca el fin de su actividad como inspector en el distrito a la espera del fallo judicial.
La medida administrativa
La aplicación del Artículo 139 no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva. Su objetivo es separar al docente del ámbito escolar para facilitar la investigación sumarial interna y evitar cualquier posible entorpecimiento en la recolección de pruebas o testimonios.
De forma paralela al sumario administrativo, avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la fiscalía N! 12 a cargo de la Dra María Laura Cristini, quien según fuentes judiciales, se apresta a tomar las primeras medidas para avanzar en la causa.