#30D: A tres años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las políticas del gobierno de Milei buscan retroceder el derech
Melina Alderete
Un día como hoy, pero del 2020, las calles se llenaban de la Marea Verde que lo inundó todo para restituir lo que, hasta ese momento, era una deuda histórica de la democracia para con las mujeres y las personas gestantes: El derecho de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
A tres años de la sanción de la Ley Nº27.610 que garantiza que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todo el país, el Decreto de Necesidad y Urgencia y el proyecto de Ley Ómnibus planteados por el nuevo gobierno de Javier Milei ponen en riesgo el acceso a los medicamentos que permiten la interrupción del embarazo, además de modificar la ley conocida como “Ley de los 1000 días”.
En el caso del DNU, que entró en vigencia el día de ayer, éste establece la derogación de la Ley 27.113 de promoción de la actividad de los laboratorios de producción pública, lo que podría impactar indirectamente en la producción y distribución de misoprostol y mifepristona.
Ambos medicamentos figuran en la “Lista de medicamentos esenciales” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2005 y representan la manera más eficaz y segura de aborto con medicamentos.
Respecto al misoprostol, el medicamento es producido en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe y se distribuye a través del programa nacional Remediar. En Río Negro, el laboratorio estatal Profarse también lo produce.
Por otra parte, la mifepristona es producida por el LIF para la provincia de Santa Fe y, en 2022, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad de la Plata para su producción.
La mención de los laboratorios constituye un punto clave, en tanto son entidades públicas y provinciales que fueron establecidas mediante leyes provinciales, por lo que no podrían ser eliminados por una ley nacional. Sin embargo, lo que sí podría llegar a ocurrir, es que ambos laboratorios comiencen a enfrentarse con dificultades para seguir produciendo los medicamentos, como la falta de incentivos fiscales u otros tipos de apoyo político que antes respaldaban su labor.
En el caso de la Ley Ómnibus, este proyecto propone modificaciones a la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como “Ley de los 1000 Días”. Dentro de los cambios, se elimina la nominación “personas gestantes” y se la reemplaza por el término “madres embarazadas”. Además, hace mención a “niños desde la concepción”.
Otra de las modificaciones del proyecto de ley es la eliminación de las menciones que la ley original hacía al “respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva” y a la “autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”.