En ese proceso maduró la conciencia de su identidad Mapuche así como su decisión de mantener la lucha por el territorio, sin convalidar los despojos ni las concesiones ilegítimas, al tiempo que fue tomando cuerpo la organización de las familias bajo la categoría de “comunidad indígena”: nacía así la Comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque (la Comunidad) en alusión a la pertenencia que sus integrantes sienten con el sitio que ocupan tradicionalmente.

La Comunidad Santa Rosa Leleque recupera su territorio y resiste a la compañía

El 14 de febrero de 2007 la Comunidad, entonces compuesta además por otras familias Mapuche, recuperó como tal la porción del territorio en cuestión.

La acción penal de Benetton fue repelida por la Comunidad y desestimada por la Justicia en lo penal el mismo año. En cambio, la acción civil impulsada por los italianos representada por los influyentes abogados Ricardo Gerosa Lewis y Martín Iturburu Moneff (presidente del Colegio de Abogados de Esquel y ex presidente del Colegio de la Magistratura de la Provincia del Chubut, respectivamente) logró sentencia favorable de primera instancia en marzo de 2012, dictándose así la orden de desalojo.

Dicha sentencia fue apelada por la Comunidad. El trámite se encuentra suspendido por la Cámara de Apelaciones del Noroeste de Chubut (CANO) hasta noviembre de 2013, fecha en la que concluye el plazo fijado por la ley nacional 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de comunidades indígenas que suspende los actos que tengan por objeto desalojos a comunidades indígenas e impone al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) relevar las tierras tradicionalmente ocupadas por las Comunidades.

En esta acción civil, la Comunidad planteó además un recurso extraordinario de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues la misma CANO desconoció su existencia previa a su registración, con lo que le tuvo por no contestada la demanda ni producida la prueba durante el juicio, impidiéndole también hacerlo –ilegalmente y de allí la impugnación– en la segunda instancia, desconociéndose así los derechos para actuar ante la Justicia en nombre de sus integrantes en violación al debido proceso legal y a la defensa en juicio consagrados en la Constitución de la Nación (art. 18) y en tratados internacionales, art. 8 Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

La violación al principio de autodeterminación de la identidad, al principio de igualdad, al territorio, al desarrollo, a los recursos, incluidos en la Constitución nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas tanto por la Justicia de la provincia en los casos hasta ahora relatados, como por el poder ejecutivo provincial, habilitan la revisión del caso por la Corte Suprema nacional, así como por la Comisión y eventualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Paralelamente, los abogados de Benetton obtuvieron una medida cautelar de no innovar accesoria al juicio civil antes mencionado, impidiéndole a la Comunidad realizar modificaciones sustanciales en el campo. Los abogados de Benetton formularon varios planteos pidiendo que la medida se transformara en un desalojo por haber realizado la Comunidad mejoras tales como la reparación de una vivienda familiar, huerta para autoconsumo, un corral para gallinas, etc., que los terratenientes consideraron violatorias de la medida. Todos los planteos fueron repelidos por la Comunidad en tanto se trató de modificaciones menores, esenciales para la subsistencia y la vida digna, que de no realizarse impedirían la vida y el desarrollo de la cultura. Hasta ahora, los planteos de Benetton vienen siendo rechazados.

Junto al hostigamiento judicial hasta aquí relatado, el abogado Iturburu Moneff como apoderado de los empresarios italianos formuló querella penal contra los integrantes de la Comunidad, esta vez, por una supuesta desobediencia a la orden judicial de no innovar, basada en las mejoras de vivienda financiadas con una subsidio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta acción iniciada en el año 2011 fue archivada recién en el año 2012, desestimándose la denuncia, tras varios pedidos de la Comunidad para que se dictase el sobreseimiento de los denunciados.

Nuestro canal de Telegram para recibir noticias

Artículos Relacionados

0 0 Votos
Ranking del artículo
Suscribirse
Notify of
guest
0 COMENTARIOS
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
Volver al botón superior
VACUNA LIBRE BANNER WEB 800x800 (2)
OK
Diario La Ciudad

¡Hola!

Sumate a nuestro canal de Telegram para recibir GRATIS noticias en tiempo real HAGA CLICK AQUI : https://t.me/laciudadweb

Recibir noticias