El aborto legal, un derecho en la cuerda floja
En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, diversas agrupaciones feministas y entidades de salud ponen en alerta la crítica situación del acceso a la ILE e IVE en el territorio nacional.
Este 28 de septiembre se conmemora, una vez más, el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, una efeméride que en Argentina pone de manifiesto la crítica situación en la que se encuentra el acceso a un derecho que costó décadas conseguir.
En nuestro país, la Ley 27.610 está vigente desde 2021 y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive y a la interrupción legal (ILE) después de ese plazo cuando el embarazo es producto de una violación o está en riesgo la vida o la salud de la persona que gesta.
Sin embargo, hoy en día, muchas personas en todo el territorio argentino ven coartado el acceso a estas leyes debido a un desmantelamiento sistemático, llevado adelante por el gobierno nacional.
Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir de manera centralizada los medicamentos que garantizan las interrupciones: misoprostol y mifepristona, trasladando así a las provincias una responsabilidad que antes asumía Nación.
Esta situación puso de manifiesto una creciente desigualdad, ya que las capacidades para sostener esa prestación no son iguales en todo el país: algunas jurisdicciones pudieron compensar la retirada de recursos nacionales, pero, la mayoría, tuvo dificultades para hacerlo.
Una política pública de éxito: El aborto en números
El último reporte anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, reveló los datos más recientes en lo que respecta a la implementación del aborto legal en el país.
Dicho estudio releva la implementación de la política de aborto durante 2025 y parte de 2026, a partir de información solicitada a las autoridades sanitarias.
Según el informe, en 20 provincias se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público durante 2025. El número no muestra cambios respecto del año anterior. La tasa de abortos también se mantuvo prácticamente estable: fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023.
Para los y las especialistas, estos números son un buen indicador que demuestran que la ley es una medida de éxito, necesaria para seguir garantizando una salud plena y de calidad para las mujeres y personas gestantes.
Sin embargo, en la actualidad, aunque el sistema y la red de salud vinculada a las interrupciones legales del embarazo siguen funcionando, con el ajuste llevado adelante por el gobierno nacional, las provincias argentinas deben hacer un esfuerzo mucho mayor que en años anteriores para seguir manteniendo los sistemas sanitarios.
La realidad de las provincias
Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2026 señala que, durante 2025, más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y casi todas informaron problemas de abastecimiento de mifepristona.
Ese mismo año, la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación registró 191 secuencias vinculadas con falta de medicación. Salta concentró el 46,1 por ciento de esos casos.
Además, según los datos de Amnistía Internacional, las provincias ya financian más del 75 por ciento del gasto público en salud, una situación que lo único que hace es profundizar la desigualdad en el territorio argentino.
Por otro lado, la misma entidad global registró, durante 2025, 406 consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto, frente a 102 en 2024. El aumento fue superior al 300 por ciento.
Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de evidenciar el daño que le hace a los derechos sexuales y reproductivos el ajuste de la administración libertaria. El aborto legal fue una deuda de la democracia con las mujeres y las personas gestantes, una situación que se logró saldar luego de décadas de lucha.
Hoy, más que nunca, resulta vital y necesario proteger ese derecho. Por eso, diversas entidades y agrupaciones se reunirán este lunes 28 de septiembre a las 16 en el Congreso para teñir las calles de verde con un Pañuelazo, la herramienta que acompañó durante años la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.
