Fallo de la Justicia de Paz de Ituzaingó contra el corte de agua por brecha digital

Ordenaron reconectarle el servicio a un adulto mayor. Cuestionaron que la empresa elimine la factura en papel y excluya a mayores.

Fallo de la Justicia de Paz de Ituzaingó contra el corte de agua por brecha digital
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La Justicia ordenó la reconexión inmediata del servicio de agua potable a una persona mayor en situación de vulnerabilidad en Ituzaingó. La medida cautelar urgente fue dictada por el juez Miceli, a cargo del Juzgado de Paz de Ituzaingó, en el marco de una acción de amparo iniciada con el patrocinio de la Defensoría Oficial.

El conflicto se originó cuando la prestataria interrumpió el suministro de agua en el inmueble del vecino R. V. debido a una deuda acumulada. Según se detalló en el expediente, la falta de pago se debió a que el afectado dejó de recibir la boleta en formato papel y se vio imposibilitado de abonarla al desconocer cómo descargar la factura digital o utilizar aplicaciones de cobro.

Al respecto, el magistrado cuestionó severamente la supresión unilateral del soporte papel por parte de las empresas, señalando que la "brecha digital" no constituye una falta de voluntad de pago, sino una condición objetiva de exclusión derivada de la edad avanzada y la falta de saberes informáticos.

En su resolución, el juez remarcó que condicionar un servicio vital como el agua al uso obligatorio de plataformas electrónicas vulnera derechos humanos fundamentales.

Ante el peligro inminente para la salud y la subsistencia del adulto mayor, el Juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó a la prestataria restablecer el suministro en un plazo perentorio e improrrogable de 24 horas.

La decisión incluye la prohibición de realizar nuevos cortes mientras dure el proceso judicial e impone una multa diaria de un millón de pesos por cada día de retraso, además de apercibimientos de carácter penal en caso de desobediencia. Asimismo, se intimó a la empresa a facilitarle al vecino el acceso a las facturas en papel y a otorgarle facilidades de pago acordes a su condición socioeconómica.

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