La Justicia le ordenó al gobierno seguir pagando el plan "Volver al Trabajo"
La decisión judicial responde a un amparo colectivo impulsado por cinco referentes barriales —entre ellos cartoneros y trabajadores comunitarios— y patrocinado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El Juzgado Federal de Campana ordenó este martes al Ministerio de Capital Humano dar marcha atrás con la suspensión de más de 900 mil planes sociales. La medida cautelar, dictada por el juez Adrián González Charvay, obliga a la cartera dirigida por Sandra Pettovello a mantener la vigencia del programa "Volver al Trabajo", frenando así el drástico recorte que estaba previsto para el mes de mayo.
La decisión judicial responde a un amparo colectivo impulsado por cinco referentes barriales —entre ellos cartoneros y trabajadores comunitarios— y patrocinado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El magistrado fundamentó su resolución en el principio de no regresión de derechos sociales, advirtiendo sobre el grave "peligro" que genera interrumpir intempestivamente la principal fuente de ingresos de los sectores más vulnerables del país.
El Gobierno nacional pretendía discontinuar la asignación mensual, cuyo monto se encuentra congelado en 78.000 pesos desde fines de 2023, para reemplazarla por un sistema voluntario de "vouchers" educativos destinados a capacitación laboral. Sin embargo, los demandantes adujeron que este nuevo esquema no presentaba certezas reales sobre sus alcances y beneficios, dejando a miles de familias a la deriva frente a la escalada inflacionaria.
Este conflicto judicial no es un episodio aislado y se suma a los antecedentes recientes de la cartera. A fines de 2025, la Corte Suprema de Justicia ya había emitido un fallo definitivo adverso para el ministerio, obligando al Estado a restituir el reparto de alimentos a los comedores comunitarios. Esta nueva batalla legal se enmarca en un plan de lucha sostenido, que incluyó masivos cortes de acceso a la Capital Federal a principios de abril y un "ollazo" popular en Caballito.
Desde el Ministerio de Capital Humano expresaron su profunda frustración ante el dictamen de González Charvay. Fuentes oficiales argumentaron que estas decisiones buscan "perpetuarnos en lógicas de asistencialismo" y advirtieron que los recursos que pretendían ahorrarse, supuestamente destinados a ampliar la doble escolaridad en escuelas de alta vulnerabilidad, ahora se verán fuertemente limitados.
Para las organizaciones sociales, en cambio, la lectura es diametralmente opuesta. Nicolás Caropresi, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), aseguró que el fallo trae un alivio indispensable. "Lo que denunciamos fue que le estaban quitando un derecho a los trabajadores sin ofrecerles nada real a cambio. Los vouchers son un chamuyo barato", sentenció el dirigente, agregando que la falta de dinero en los barrios ha impulsado el regreso del trueque, donde "se cambia un pantalón por arroz".
Un plus para garantizar la comida diaria
El programa "Volver al Trabajo" (VAT) surgió en 2024 como una reformulación del antiguo "Potenciar Trabajo", el cual derivaba de la Ley de Emergencia Social sancionada en 2016. Según los registros judiciales presentados en la causa, para beneficiarias como la cartonera Agustina Pérez, esta asistencia es vital. En el escrito consta que el plan le permite "garantizar un plato de comida más al mes", siendo un ingreso irremplazable debido a la falta de trabajo formal en el sector del reciclado urbano.
La noticia de la cautelar fue recibida este martes en el congreso nacional de la UTEP en el barrio porteño de Constitución, justo antes de que las columnas se movilizaran en peregrinación al cumplirse un año del fallecimiento del Papa Francisco. Norma Morales, referenta de Barrios de Pie, resumió el clima general: "La Justicia entendió lo que el Gobierno no entiende: que en los barrios el pueblo no la está pasando bien. Sacar el programa es para peor, porque es el piso de ingresos para muchas familias".
