No más celulares: Cómo es la normativa bonaerense que restringe su uso en las escuelas
La iniciativa de los senadores Emmanuel Santalla y Lorena Mandagarán se aprobó en la Legislatura Bonaerense y podría entrar en vigencia en el 2026.
"Cuando empezamos a trabajar este proyecto en el Senado convocamos a profesionales de la educación y la salud mental, neurólogos psicólogos infantiles, docentes y pediatras y, a partir de ahí, comenzamos a investigar el informe global de monitoreo de la educación que realizó la UNESCO en el 2022. Fue la primera vez que se logró medir el impacto, después de la pandemia, de los dispositivos digitales en el aprendizaje en las escuelas", especificó el senador Emmanuel Santalla respecto del proyecto de ley que realizó junto a la senadora Lorena Mandagarán y que prohíbe el uso de los celulares en las escuelas primarias.
La normativa, que había sido aprobada en el Senado bonaerense a principios de este año y ahora fue sancionada en Diputados, responde a la preocupación creciente por los efectos negativos que el uso excesivo de dispositivos digitales tiene en el aprendizaje y el bienestar de los chicos y las chicas dentro y fuera de las aulas.
Esta medida se suma a las realizadas en otros sectores del país, como la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Neuquén y Salta y en otros países, como Francia, Brasil, Alemania, Noruega, China y algunos estados de Estados Unidos.
Según Santalla, con la implementación de esta ley, los chicos y las chicas no podrán utilizar el teléfono celular mientras se encuentren dentro del establecimiento educativo: "Lo que queremos es restringir los dispositivos digitales en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, salvo que lo requiera el docente por uso pedagógico", detalló en la AM 530 - Radio Madres.
En este sentido, el objetivo de la norma es promover hábitos saludables y un uso responsable de la tecnología, evitando que su utilización reemplace actividades esenciales del mundo real.
Respecto a su implementación, el texto legal detalla que el Poder Ejecutivo provincial dispondrá de un plazo de 180 días desde la sanción para reglamentar la ley. Sin embargo, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia destacaron que aún no se ha definido una fecha concreta para su implementación definitiva, por lo que la obligatoriedad podría comenzar a regir en 2026 y afectará a 1,5 millones de estudiantes que cursan la escuela primaria en la provincia.
