Otro ataque a los Derechos Humanos: El gobierno cerró el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”
El espacio funcionaba hace 16 años en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que se creó en lo que fue el campo de concentración de la ESMA.
A tan solo días de haber iniciado un nuevo año, el gobierno de Javier Milei no perdió el tiempo y continuó con sus ya clásicos ataques hacia los Derechos Humanos que marcaron la tónica durante todo el 2024.
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, informó que, en los primeros días de enero, se cerrará el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, haciendo que el personal del espacio quede en “guardia pasiva”.
El “Conti” funcionaba hace 16 años en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que se creó en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), proponiendo un cambio de narrativa ante el horror y trayendo teatro, literatura, danza, fotografía, música y educación a los y las visitantes.
Su fundador, Eduardo Jozami, dirigió el espacio hasta el 2015 y, posteriormente, pasó a manos de la actriz Lola Berthet. En la actualidad, el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” posee 87 trabajadores y, según estimaciones, 50 de ellos están contratados bajo el ente de cooperación Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Al respecto, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, ya anunció que, quienes estén bajo la modalidad de la ACARA y no se adhieran al retiro voluntario, serán despedidos.
La versión del gobierno nacional
Desde la administración libertaria insisten en que el cierre del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” se debe a la necesidad de efectuar “una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”.
Según la versión oficial, el espacio permanecerá con sus puertas cerradas y, cuando sea el momento de la nueva apertura -que se estima que será para marzo del 2025-, ya no se centrará en el período del terrorismo de Estado.
La decisión del gobierno nacional fue fuertemente repudiada por diversos organismos de derechos humanos, que calificaron el accionar como una medida “cínica” que “exhibe el rostro más inhumano de la gestión de La Libertad Avanza”.
