Paro y marcha universitaria: Se dieron a conocer las fechas para defender la educación pública

En dos ocasiones distintas, se realizarán jornadas de lucha en contra del inminente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro y marcha universitaria: Se dieron a conocer las fechas para defender la educación pública
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La Federación Universitaria Argentina (FUA) estableció el 26 de septiembre como la fecha posible para la realización de un paro total y anunció que el 2 de octubre convocará a una movilización masiva hasta Congreso.

Si bien aún no están oficializadas las fechas, la elección de las jornadas de lucha trascendieron a los medios de comunicación y se espera que, el martes 24 de septiembre, tras una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sean confirmadas las medidas.

Por el momento, se sabe que, tanto el paro como la movilización, son en contra del veto presidencial que Javier Milei prometió para arremeter contra la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma fue sancionada en el Senado el jueves de la semana pasada, con 57 votos a favor, una abstención y solo 10 votos en contra, luego de cinco meses de aquella marcha universitaria que movilizó a todo el país en defensa de la educación pública y de calidad.

El veto de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional implicaría la pérdida de calidad educativa en las Casas de Altos Estudios de todo el país.

Dicha ley tiene como objetivo actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia investigación y extensión en las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente anunció que tiene una clara intención de vetarla.

Además, en el cálculo presupuestario que presentó el mandatario ante el Congreso, se definió que el gobierno nacional destinará $3,8 billones a las universidades nacionales, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió $7,2 billones.

Según el exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, dicha medida iría en contra de la Ley de Educación Técnica, que establece un 0.2 por ciento del presupuesto. También incumpliría con la Ley de Financiamiento Educativo y con la Ley de Financiamiento de Ciencia y sus pronósticos realizados para el 2025.

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