Represión en Jujuy: La Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Justicia Federal que se realice una investigación por la violencia hacia los m
Tras recibir varias denuncias por situaciones violentas ocurridas durante las manifestaciones en las calles de Jujuy, la Secretaría de Derechos Humanos pidió a la Justicia Federal que se inicie una investigación penal de carácter urgente debido a la represión de la fuerza policial provincial hacia los manifestantes.
La salida a las calles jujeñas surgió por parte de distintos grupos sociales luego de que el gobierno de Gerardo Morales decidiera llevar a cabo una reforma constitucional con cambios sustanciales en temas relacionados con el negocio del litio, los Pueblos Originarios y la restricción del derecho a la protesta.
En las manifestaciones en contra de dicha reforma, numerosas víctimas relataron haber recibido disparos de balas de goma en el rostro y ser objetos de detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las concentraciones populares. Así, fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos constataron que existen “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia.”
De esta manera, se da cuenta de “una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, que incluye la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes, entre otros delitos perpetrados por el personal policial.
Por otra parte, el escrito presentado por la Secretaría de Derechos Humanos menciona la responsabilidad del propio Gerardo Morales, quien había compartido en sus redes sociales “los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial“.
El pedido de investigación se suma al habeas corpus colectivo que presentó el organismo de Derechos Humanos anteriormente para que se respete el derecho a la protesta de los manifestantes, frenar la violencia policial y se inste al gobierno de Gerardo Morales a convocar a una mesa de diálogo.
