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Una ley para exigir la emergencia en violencia de género

Este miércoles 3 de marzo la organización feminista Mumalá, presentará en el Congreso Nacional el proyecto de ley para la declaración de la ‘Emergencia Nacional en Violencia de Género’.

La iniciativa habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas de intervención. Tal como describe la organización, algunas de ellas son: asistencia económica a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios locales para la asistencia temprana y de las organizaciones y redes sociales que actúan en el territorio; y dispositivos electrónicos duales para agresores con recursos para su monitoreo.

Otras de las herramientas son: registro único de denuncias contra agresores; protocolos de actuación y políticas de desarme en las fuerzas de seguridad para agentes con denuncias; y aplicación de la Ley Micaela, y de Educación Sexual Integral (ESI).

Mumalá ya ha presentado en abril de 2019, bajo mandato del gobierno macrista, el mismo proyecto de ley, como también presentó un modelo similar la actual senadora Norma Durango (Frente de Todos), en representación de La Pampa, hace un año atrás.

Esta nueva solicitud de ‘Mujeres de la Matria Latinoamericana’ (Nombre compuesto de Mumalá) se da en el marco de la indignación por la falta de respuesta de la justicia que se generó en los femicidios perpetrados contra Úrsula Bahillo en la ciudad de Rojas y Guadalupe Curual en Villa La Angostura. Ambas jóvenes habían radicado previamente denuncias por violencia de género y órdenes de restricción perimetral en contra de su ex parejas, quienes las asesinaron brutalmente.

A la vez, que ocurre días previos al 8 de marzo, Día Internacional por los derechos de las Mujeres.

Recientemente, la entidad dio a conocer por medio del Registro Nacional de Femicidios que lleva adelante, que entre los primeros dos meses del 2021 se cometieron en el país 69 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de los cuales 47 fueron femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios.

El 64% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima, mientras que otro 30% por familiares o conocidos.

A la vez que se destaca que un 17% fue perpetrado por agentes de seguridad y que se registraron hasta 64 intentos de femicidios.

Políticas públicas de prevención en violencia de género

Por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, diseñó en julio de 2020 el ‘Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020 -2022)’, que se propone implementar políticas públicas nacionales de prevención, asistencia y protección de las violencias por motivos de género y fortalecer el acceso a la justicia.

Mediante el mismo, se impulsan diversos programas que tienen como finalidad ‘promover la autonomía de las mujeres y población LGBTIQ+ que se encuentran en riesgo por violencia de género’, fortalecer la institucionalidad en materia de género y diversidades en el sector público nacional, apoyar los dispositivos territoriales (refugios y hogares) de protección integral para personas en contexto de violencia de género, fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad, y asistir de manera integral a familiares de víctimas femicidios, travesticidios o transfemicidios.

Incluso, el MMGyD elaboró junto con los Ministerios nacionales de Justicia y Derechos Humanos, y Seguridad, el ‘Programa Interministerial de Abordaje Integral de las violencias extremas por motivos de género’, que tiene como propósito abordar de manera conjunta la problemática de los femicidios y transfemicidios desde una pespectiva interseccional.

A su vez, la estrategia convoca a los Estados provinciales y los poderes judiciales nacionales y provinciales a ‘trabajar de manera conjunta en lineamientos y criterios de actuación comunes que logren mejores resultados para reducir y erradicar un fenómeno que no admite más dilaciones’.

Áreas flacas del Estado y responsabilidad social

Herramientas y recursos para prevenir y asistir en materia de violencia de género, las hay, aunque, así y todo, persisten las negligencias del sistema que demuestran la incapacidad de intervenir a tiempo.

El Poder Judicial y las instituciones de seguridad son las áreas estatales en donde hace falta redoblar la atención para que las denuncias realizadas por mujeres en situación de violencia de género obtengan acción inmediata.

Para ello, es necesario también que los equipos de trabajo correspondientes sean capacitados con perspectivas de género (Ley Micaela) y modifiquen en cuanto antes su accionar, cómplice de las violencias ejercidas por los agresores y femicidas.

De más está decir que el ciclo cierra con los cambios de conductas y la erradicación de violencias machistas, por parte de la sociedad. Lo que resulta urgente y debió comenzar antes de ayer.

Si estás o conocés a alguien que está en contexto de violencias por motivos de género, podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al 1127716463, de manera gratuita, en todo el país, las 24 hs y todos los días del año.

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