Ituzaingó

Villa Udaondo: intervino la Provincia y detuvo el desalojo de la familia Pacilla

El injusto desalojo de la familia Pacilla en el corazon de Villa Udaondo finalmente no prosperó gracias a la intervención de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Derechos Humanos y a la Defensoría del Niño.

Ayer miércoles a media mañana estaba pactado el desalojo y en el barrio se vivían horas de preocupación y bronca. Mariano Pacilla y su familia ya desahuciados, esperaban un milagro que impidiera que se los echara de su única vivienda familiar ubicada en Guiraldes entre Tabaré y Mansilla. El desalojo llegaba luego de un largo y penoso proceso judicial plagado de irregularidades en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Hernan Papa.

En los días previos, se habían hecho gestiones para que se suspendiera el desalojo pero nada era seguro, podía pasar cualquier cosa. “Todo el barrio estaba movilizado por el desalojo porque era injusto. Ayer, la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, junto a la Defensoría del Niño, se presentaron ante el juez y le informaron que en mi familia hay niños menores de edad. Al parecer el juez no sabía por lo que el desalojo habría sido nulo sin la intervención de la Defesoría de Menores. Ese tema, hizo que se suspendiera el desalojo por ahora“. contó Mariano a La Ciudad. El por ahora no es un dato menor, el desalojo se suspendió pero el problema sigue latente.

Una historia de engaños y abusos

Mariano Pacilla trabajaba en el ferrocarril cuando en los 90 comienzan los despidos. Llega su telegrama y con su indemnización decide junto a su familia comprar un pequeño lote de terreno en la calle Guiraldes casi esquina Tabaré en Villa Udaondo. La familia necesita una casa donde vivir porque alquila y la decisión es acertada.  En la búsqueda de ese terreno, Pacilla le compra a la empresa Plomer SRL un lote y allí comienza a construir una precaria vivienda. La venta se hace como Dios manda, boleto de compraventa firmado frente a escribano público.

Pasaron más de 20 años y la familia pudo asentarse en el barrio, la casita es humilde pero muy bien cuidada. El sacrificio valió la pena. Aun así, Mariano y su familia no saben lo que está a punto de comenzar, no lo puede prever, ni imaginar: El 10 de noviembre del 2010, se presenta un funcionario judicial en su casa y le entrega un mandamiento con la noticia de que su vivienda va a ser rematada por deudas de la empresa que le vendió el terreno y que él pagó con todos sus ahorros. Un Juez, cómodamente sentado en un sillón de un juzgado ignoto de la ciudad de Buenos Aires y que está juzgando la quiebra de la vendedora, cree que Pacilla es un “testaferro” de los dueños de la fallida y que la venta es fraudulenta. Nada más alejado de la realidad.

EL proceso judicial condenó a Mariano a la peor de las injusticias, no ser escuchado para poder defenderse. Su casa es todo lo que tiene y está a punto de perderla gracias al accionar impune y grotesco de la institución de la democracia argentina más desprestigiada de nuestra era: La Justicia

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