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Denuncian casos graves de corrupción y violencia laboral en la Escuela Secundaria 16 de Merlo

La Escuela Secundaria N°16 de Merlo ‘Manuel Belgrano’ está inmersa, desde hace más de 10 años, en una escandalosa situación en la que directivos y personal jerárquico estarían abusando de su poder para asignar cargos a trabajadores docentes, preceptores y secretarios, por acomodo y sin regulación de un organismo público transparente.

La secundaria N°16 de Merlo cuenta con 55 cursos en los que asisten más de 1.800 alumnas y alumnos y con las orientaciones ‘Artes visuales’, ‘Economía y Administración’, ‘Ciencias Sociales’ y ‘Ciencias Naturales’. Es acaso una de las instituciones públicas más reconocidas del distrito que ha sabido ser referencia para las distintas generaciones que pasaron por ella.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, una cúpula dirigencial se habría encargado de beneficiarse a sí misma y a aquellos profesores/as que responden a sus intereses, mientras que quienes optan por trabajar dignamente, sin acomodos de por medio, son hostigados y maltratados laboralmente.

Un convenio con la UTN para nombrar docentes sin concurso

En el año 2001 la Escuela Manuel Belgrano estableció un convenio educativo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Haedo, a través del convenio marco 562/95. Si bien la enseñanza del colegio no posee incumbencia técnica, el convenio significó un importante acuerdo para la institución.

Tal convenio era usado, en determinadas ocasiones, para la selección de cargos docentes, lo que implicaba la designación de puestos por medio de un jurado conformado por directivos y secretarios, con relevamiento de inspectores distritales y autoridades de la Dirección de Educación Secundaria de provincia.

Hasta acá el procedimiento era aceptable. Si bien no es un método transparente y no brinda la igualdad de oportunidades como el concurso por acto público por medio de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD), se comprende que la misma institución elija los docentes que la van a conformar, de acuerdo con evaluaciones previas sobre los candidatos.

Los abusos

Se comienza a abusar de este convenio a partir de 2015, cuando es utilizado por primera vez para la selección de un cargo jerárquico. Luego de que Gustavo Kuryluk no pudiera entrar por acto público como vicedirector, es designado para el mismo puesto por un jurado selecto, usando el convenio con la UTN.

Así se continuó formando el resto del equipo directivo. Del mismo modo se asignaron los cargos de la secretaria Paola Valle; la prosecretaria Laura Vasapollo, puesto laboral, que no corresponde concursar, sino que es elegido entre los docentes más antiguos y si ellos quieren pueden aceptar el cargo, según establece la Ley del Estatuto Docente; la vicedirectora suplente Viviana Jaime Velazquez; y la Jefa de preceptores Claudia Rodríguez, quien tiene superposición horaria con el trabajo de administrativa, el cual no ejerce pero cobra un sueldo con todos los premios correspondientes.

Cada una de estas designaciones irregulares, se habrían realizado en connivencia con los inspectores distritales y la SAD de Merlo, que permitía y sigue permitiendo que esto ocurra.

Nombran a la Directora ellos mismos

El broche de oro que cruzó todos los limites, fue el nombramiento de la propia directora del colegio, la docente Verónica Forchi, que en 2017 reemplazó a Rita López Minetti, luego de que se retirara por jubilación.

Según relatan los docentes, el cargo de director tampoco corresponde concursarlo por convenio, sino que según establece el Estatuto Docente, cuando un directivo abandona su cargo por motivos de jubilación, licencia extendida o fallecimiento, debe ser el vicedirector o la vicedirectora con mayor antigüedad quien debe ocupar el puesto vacante, pudiendo optar este por asumir o no. Condición con la cual Verónica Forchi no cumplía.

EL colegio es un”viva la pepa”

Pero también se han visto beneficiados algunos docentes en la designación de cargos mediante el convenio marco, ya que, de acuerdo con la información que trabajadores de la institución brindaron al Diario La Ciudad, existe un cuerpo de profesores, cómplice de la corrupción educativa, al que se le adjudicaron más de 20 módulos, cuando por Ley se permite hasta dicha cantidad.

Mientras que aquellos trabajadores y trabajadoras que no concordaban con esta metodología y preferían ser fieles a la transparencia, han sido denunciados a través de acusaciones falsas y maltratados laboralmente.

Maltrato laboral en un clima de persecución y apriete

A tal grado de persecución se ha llegado en el colegio, que las y los docentes estaban obligados de ingresar a dirección o secretaría con el celular grabando, como medida preventiva ante cualquier denuncia falsa que se les pudiese realizar. Incluso, mencionan que en cuanto les labraban un acta por mala conducta o desempeño no podían negarse a firmarla, porque les podían atestiguar en su contra, quienes eran cómplices de los acusadores.

Tal fue el caso de un docente, que fue denunciado penalmente por una supuesta agresión a Viviana Jaime Velazquez, prosecretaria en aquel entonces. El profesor demostró por medio de un audio que había ingresado a secretaría, en el mismo día que se lo acusaba, a realizar una pregunta, por lo cual la causa se terminó disolviendo tras no encontrar un delito al respecto.

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A quien también se le practicaron acusaciones falsas es a la vicedirectora Ana María Montes, que durante el 2018 recibió innumerables actas en su contra. Ante la acumulación de las mismas, la directora Forchi la calificó con 5, lo que implica revisión inminente de la conducta por parte de autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires.

Tal calificación fue recusada por la vicedirectora, dado que la misma directora tenía una causa iniciada por Montes, en su contra, a raíz de que asumiera indebidamente en 2017.

Aunque, en agosto del mismo año, quien era entonces Secretaria de Asuntos Docentes de Merlo, Eugenia González Quintana, le llevó a Montes hasta la puerta de su casa una notificación en donde se le comunicaba su cesantía por no haber concursado mediante convenio. Acto que, cuanto menos, significa un apriete, dado que es en el establecimiento educativo donde los docentes deben ser notificados de las actas, en lugar de trasgredir en la vida íntima. La cesantía fue recusada por la Dirección de Educación bonaerense, debido a que la vicedirectora había ingresado a su puesto, de acuerdo con lo establecido por la Ley del Estatuto Docente.

En cuanto Montes se reincorporó, su cargo de vicedirectora se encontraba ocupado de manera ilegal por la docente Sandra Campelo, ya que ni siquiera llegó a concursar por convenio.

‘La presentaron en el escenario hacia todos los estudiantes e incluso le habían dado un sello con su nombre y apellido’, describen trabajadores de la Escuela N°16 y comentan que 30 días después se licenció y dejó de presentarse en el colegio, incluso bajo el cargo de docente que tenía. ‘Se le pagó el sueldo durante dos años, sin que se presentara a trabajar, hasta que se jubiló’, añaden.

Se derogó el convenio

También en 2018, el convenio marco 562/95 que la UTN mantenía con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia se derogó, lo que imposibilitó que se continuaran adjudicando los cargos, mediante concursos celebrados por convenio. Durante un año, los docentes que ingresaron a la Escuela N°16 lo hicieron por acto público, regulado por la Jefatura Distrital de Merlo.

Sin embargo, no fue por mucho tiempo que duró esta metodología, ya que los directivos buscaron la manera de seguir perpetrando los cargos bajo su propio control.



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